COMUNICADO DE PRENSA: Poder Ciudadano y FARN apoyan a Basta de Demoler tras la demanda millonaria del Gobierno de la Ciudad

February 20th, 2015 Comments off

COMUNICADO DE PRENSA DE BASTA DE DEMOLER

Poder Ciudadano  y FARN apoyan a Basta de Demoler

 

Las reconocidas instituciones se presentaron como “amigos del tribunal” en apoyo de Basta de Demoler en el expediente de la demanda por “daños y perjuicios” del GCABA.

 

Buenos Aires, 13 de febrero 2015: bajo la figura del “Amicus Curiae” (amigos del tribunal), las organizaciones Poder Ciudadano y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se presentaron en la demanda por daños y perjuicios iniciada por el GCBA en apoyo de Basta de Demoler, Santiago Pusso y Sonia Berjman, firmantes del amparo que logró preservar la Plaza Intendente Alvear cuando se pretendía construir allí la estación de Subte Plaza Francia de la Línea H del subte.

La figura del “Amicus” permite la intervención de terceros ajenos a una contienda judicial, aportando argumentos de hecho y de derecho, a efectos de  colaborar con  el tribunal en la solución del litigio.

Varias ONGs, entre ellas Greenpeace, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), World Monuments Fund, expresaron su preocupación por esta demanda, por considerar que persigue un fin intimidatorio contra personas u organizaciones que recurren a la Justicia en defensa del interés público.

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Demanda por preservar un espacio público:

 

El Gobierno de la Ciudad  presentó una demanda por “daños y perjuicios” por $ 24.000.000 con inhibición de bienes contra la asociación civil “Basta de Demoler”, Santiago Pusso (vicepresidente) y Sonia Berjman, amparistas en la causa judicial que se inició para preservar la Plaza Intendente Alvear en Recoleta (Av. Pueyrredón y Libertador), cuando se pretendía construir la estación de subte “Plaza Francia” en ese terreno.

La demanda recayó en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, secretaría 12, a cargo de la jueza Patricia López Vergara. La inhibición de bienes fue rechazada en primera instancia, siendo apelada por el GCABA y posteriormente rechazada nuevamente por la Cámara de Apelaciones.

Gobierno de la Ciudad demanda a Basta de Demoler por defender una plaza histórica

November 20th, 2014 Comments off

El Gobierno de la Ciudad  presentó una demanda por “daños y perjuicios” contra la asociación civil “Basta de Demoler”, Santiago Pusso (vicepresidente) y Sonia Berjman, amparistas en la causa judicial que se inició para detener la destrucción de la Plaza Intendente Alvear en Recoleta (Av. Pueyrredón y Libertador), cuando se pretendía construir la estación de subte “Plaza Francia” en ese terreno.

Según el Gobierno, la intención de los amparistas fue “con el solo propósito de obliterar una obra pública destinada a la prestación de un servicio público”; y que estos procesos obstruccionistas “sólo pueden concebirse en el marco de una acción política que, so pretexto de proteger el medio ambiente, se dirigiera a impedir o entorpecer la gestión de gobierno y las obras dentro de la Plaza Alvear”.

 

Una cuadras, dos demoliciones polémicas; ¿Cómo se autorizo la demolición del Petit Hotel de María Julia?; “Un símbolo del menemismo” (Página12)

March 15th, 2015 Comments off

La residencia de Junín 1435 estaba en buen estado de conservación y protegida por ley, pero está siendo destruida para construir un edificio. El embargo de 2000, el remate de 2009 y el cambio de manos de la casa.

(…)

El petit hotel fue vendido en 2009 en subasta pública por algo menos de un millón de dólares, un 40 por ciento menos de lo que se calculaba fuera su valor de mercado. El edificio permaneció cerrado, aunque fue discretamente ofrecido en alquiler para cualquier negocio hotelero o gastronómico, o como sede empresarial. Para 2012 estaba nuevamente en venta, a casi dos millones de dólares, y en algún momento de 2013 cambió de manos.

El destino final del edificio es su desaparición, pese a la protección patrimonial que debería proteger aunque sea su fachada. Como todo edificio construido antes del primero de enero de 1941, la casa de la calle Junín tiene un trámite especial y no puede ser demolido sin aprobación de un ente específico, el CAAP. Pero por su ubicación en la Recoleta, el petit hotel ya está protegido por una ley que protege ese tipo de edificio en ese barrio. La ley fue impulsada en la Legislatura porteña por la ex legisladora Teresa de Anchorena. Pero el petit hotel de Junín 1435 obtuvo el permiso de demolición como si no existiese la ley Anchorena.

Para mayor confusión, hay graves problemas con las fichas catastrales del edificio, como denunció la ONG especializada Basta de Demoler. En la base de datos de la Ciudad resulta que no existe el 1435 de Junín, pero para compensar figuran dos fichas con el número 1445. Una indica la correcta ubicación, por sección, manzana y lote, de la casa de Alsogaray; la otra ficha identifica un edificio de departamentos que realmente tiene en la puerta la dirección 1445. Pero el cruce o confusión sigue, porque el petit hotel figura como “desestimado” por el CAAP, con lo que se puede demoler, pero el edificio de rentas figura como protegido con una catalogación de grado cautelar, que obliga a mantener la fachada.

El último detalle irregular de la obra es que al pie del andamio que cubre la fachada del petit hotel figura un permiso de demolición con el número 17.617.923/14. Ese número es inhallable en los registros públicos de la autoridad que los emite, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.

Que un petit hotel de valor patrimonial en excelente estado de conservación sea demolido pese a que exista una ley que específicamente protege aunque sea su fachada ya es costumbre en un barrio que sufre tan fuertes presiones inmobiliarias. En la misma cuadra, unos metros más hacia Pacheco de Melo, ya está en venta un pequeño edificio blanco que se alza sobre otra demolición de otro petit hotel que también tenía su fachada protegida.

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Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en la Justicia ante la demanda del GCBA: “Basta de Demoler tiene amicus” (Página12)

March 15th, 2015 Comments off

Como bien saben los lectores de este suplemento, Mauricio Macri y su gobierno trataron de intimidar a Basta de Demoler y a otras ONG que les molestan en sus negocios, haciéndoles un juicio millonario a ellos y a Sonia Berjman. La idea de los macristas fue que al lograr un amparo para que no desintegraran la plaza Intendente Alvear construyendo ahí una estación de subte –ilegal, de paso, porque tenían que construirla enfrente, en Plaza Francia– les habían hecho perder plata. Y demandaron a Basta de Demoler y a Berjman para que pagaran los millones supuestamente perdidos por bloquear la obra. Además del absurdo legal, ya que no fueron BdD ni Berjman quienes bloquearon la obra sino un juez de la ciudad, en pleno uso de sus poderes judiciales, el caso fue claramente un apriete para asustar a los que quieran protestar a futuro.

El hecho hasta dividió internamente al PRO porteño, porque muchos se dieron cuenta de que se iba a armar un escándalo, cosa que se puso internacional a medida que las expresiones de preocupación, repudio y solidaridad pasaban del CELS y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia a Greenpeace y el World Monument Fund. Ahora, Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales se presentaron ante el tribunal para argumentar a favor de los acusados.

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Nota sobre las irregularidades en demoliciones de Junín al 1400; “El de Alsogaray también” (Página12)

March 15th, 2015 Comments off

Hay calles que parecen malditas, ya sea por sus problemas o por sus ventajas. Parece ser el caso de la calle Junín, que en su cuadra del 1400 desarrolló un imán para los especuladores inmobiliarios. A esa altura, tranquila y residencial aunque con mucho tránsito, la pobre Junín ya había perdido un petit hotel, demolido ilegalmente para construir un edificio penoso en su falta de toda idea arquitectónica. Ahora está perdiendo otro petit hotel, este notorio, porque en el 1435 vivía nada menos que María Julia Alsogaray, y ése era el hogar que venía preparando para cuando dejara de ser multifuncionaria polirrubro del menemismo.

El 1435 fue legendariamente remodelado con los niveles más exigentes y bastaba echarle una ojeada para entender su vastedad como vivienda de una persona sola: dos pisos principales, uno de servicios y garage en la planta baja, un tercero con un gran balcón-terraza en retiro a la calle. La obra se paró cuando Alsogaray fue procesada y luego condenada por corrupción, y fue rematado judicialmente en 2009 por una buena cifra, 3.584.000 pesos, un par de millones por debajo de lo que hubiera costado por inmobiliaria, pero en fin.

Quien pase ahora por la cuadra lo verá tapado por andamios, en plena demolición. Basta de Demoler se movilizó por el caso y descubrió que, para variar, el gobierno porteño hizo lo suyo para facilitarle la tarea al especulador de turno. La confusión arranca cuando alguien busca en la base de datos de la propia Ciudad la ficha catastral de Junín 1435, y se encuentra con que según el gobierno macrista no existe tal dirección. Como para compensar, sí hay dos fichas para Junín 1445. Una de esas fichas, con el número de puerta 1445, habla de la sección 11, manzana 058 y parcela 018. Esa es la buena, porque en esa dirección hay un edificio de renta con ese número de chapa. Pero los datos están falseados, porque dice que el edificio tiene una protección cautelar del catálogo preventivo.

La otra ficha con el 1445 es la del 1435 de la vida real, el de la misma sección 11, la misma manzana 058 pero la parcela 019. Ahí está hasta la fotito del petit hotel y la advertencia, bajo “Protección, estado de trámite” de que el edificio fue desestimado por el inefable Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, el CAAP, que tan poco hace por el patrimonio local. A quien conozca el ente no le extrañará que “desestime” una casa francesa de frente impecablemente conservado, con todas sus molduras y balustres, sus herrerías, celosía y amplio portón de madera en su lugar.

¿O será que se confundieron con el 1445 de la otra ficha, que dice que sí está catalogado? ¿Y pensaron que el petit hotel era el edificio más nuevo?

Para más confusión, resulta que el CAAP ni debería haber sido consultado, porque el petit hotel del 1435 tiene su protección independiente, en la ley que protege esa tipología en el barrio de Recoleta. Esta ley fue impulsada por Teresa de Anchorena, por entonces legisladora y presidente de la Comisión de Patrimonio, creada por ella misma. De ninguna manera esa ley indica que el CAAP debe ser consultado porque simplemente cataloga un grupo de petit hoteles.

Para complicar todavía más las cosas, resulta que en la puerta de la obra figura un permiso de demolición total con el número 17.617.923/14 (la enormidad del número da una idea de cuánto perdió nuestra ciudad). Pues resulta que ese permiso no aparece por ninguna parte en los registros públicos de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.

No es la primera vez que este tipo de escamoteos burocráticos y confusiones terminan en la pérdida de un edificio. Ni siquiera en esta cuadra: con el mismo mecanismo de consultar al CAAP cuando no corresponde, a pocos metros del petit hotel de Alsogaray se cargaron otro que tenía una cautelar. Los nuevos dueños contrataron a un gestor que logró que ni siquiera tuvieran que preservar el frente. El gestor le hizo juicio por calumnias a este suplemento cuando se publicó la historia.

Frenan la obra de Torre Quartier Colegiales: “Un amparo contra la fantasía burocrática” (Página12)

March 15th, 2015 Comments off

En pleno Colegiales yace clausurada una obra con alturas y usos prohibidos, pero autorizada por el macrismo. Un caso en el que la Justicia y los vecinos ponen orden.

En la esquina de Dorrego y Amenábar hay tres lindos bares y una obra en construcción, bastante tránsito, una mezcla de casas patrimoniales y edificios olvidables pero nuevos, bastantes árboles y una población local que se renueva. Menos visible, hay un caso notable de movilización vecinal contra un edificio, el de la obra de la esquina, que ya resultó en un amparo, una clausura y una confirmación de la Cámara porteña de lo actuado. El caso es notable por el truco burocrático utilizado por los especuladores para hacer un edificio enorme y con usos no autorizados para el barrio. Y también por la fuerza con que los vecinos siguen el caso, lo que incluye una masiva juntada de firmas a través del sitio Change.org.

Colegiales es un barrio en transformación, que recibió inversiones del macrismo, siempre atento a eso de crear “movidas” que generen negocios inmobiliarios. Como de este tema sí que entienden bien, este barrio terminó siendo como una continuación de los dos Palermos, el Viejo y el Hollywood. Varios reciclados –los silos, la terminal de tranvías– y muchos restaurantes después, ya se nota el cambio de alturas, con la patota de las torres ahogando el lugar.

Fue entonces, en pleno desarrollo, que en 2013 el macrismo autorizó una obra enorme a partir de la esquina de Dorrego y Amenábar, con un frente chico sobre la primera y un estiramiento de más de media cuadra sobre la segunda. El render de la misma constructora permite ver la masividad del edificio, diseñado en el estilo “no perdamos ni un centímetro para vender”, sin tiempo ni paciencia para crear algo que sea… arquitectura. La “propuesta” era un mix de estudios, departamentos pequeños y medianos, oficinas y pileta de natación, con una planta baja dedicada al comercio, con el ancla de un polo gastronómico.

El macrismo firmó todo a través de las disposiciones 777 y 1588 de la Dirección General de Interpretación Urbanística y Registro, ambas de 2013, que autorizaban un edificio de más de 30.000 metros cuadrados, supuestamente sobre un terreno de 14.300, con una altura de casi 37 metros. Con la firma de la Dgiur, los trámites de la colega Dirección General de Fiscalización y Catastro salieron enseguida. A poco se anunciaba y se arrancaba el Quartier Dorrego.

Si el nombre suena familiar es porque los quartier ya son legión, marca registrada de un tipo de edificio que se especializa en buscar terrenos grandes y hacer torres lo más altas y masivas posible, como la que se alzó en San Telmo pese a las protestas dolidas del barrio entero. Con tantos millones sobre la mesa, no hay sentimentalismo ni consideración, con lo que los quartier suelen enfrentar protestas y amparos. Es lo que sucedió el año pasado, cuando ocho vecinas y vecinos de Colegiales lograron que la Justicia porteña frenara la obra.

Lo hicieron cuestionando ambas disposiciones de la Dgiur. Una era la que permitía restaurantes, financieras y agencias de turismo en los locales de planta baja, todos usos prohibidos por el Código de Planeamiento Urbano pero concedidos como si lloviera por la autoridad de aplicación. La otra disposición era la que permitía hacer 31.000 metros sobre un terreno de algo más de 14.000. Esto fue lo que más se discutió, porque construir 2,2 veces el terreno da un FOT –factor de ocupación del terreno– bastante bajo, nada excepcional en esta ciudad saturada. Lo que hizo extraña la discusión fue que el terreno de la obra no mide ni remotamente 14.000 metros, que es la superficie de una manzana grande de Buenos Aires, bastante más de una hectárea.

Lo que ocurría es que el Quartier Dorrego va en este emprendimiento con algún tipo de sociedad, que no se termina de conocer, con el Colegio León XIII, de los salesianos. El colegio ocupa toda la manzana, entera, y explícitamente los desarrolladores del quartier le dijeron a la Justicia que estaban usando el FOT de la manzana entera porque los salesianos no iban a construir nada más, nunca, en esta manzana. Como el FOT es una manera de regular la densidad de una manzana, el argumento cerraba.

Pero resulta que la jueza buscó y pidió el contrato por el cual los salesianos hacían una promesa tan jugada, y nadie pudo mostrárselo. Y autorizar un uso del FOT de toda la manzana en una sola parcela, jugando a que en el futuro se les prohibiría a los curas ampliar nada resultó por lo menos comprometido. En diciembre, la jueza falló por el amparo y mandó parar la obra.

La constructora y la desarrolladora, solidariamente, apelaron de inmediato, en enero, pidiendo que se habilitara la feria judicial de verano. Uno de los tres jueces de la cámara, Fernando Lima, votó en disidencia del tribunal porque consideró que ni siquiera había que habilitarles la feria y los apelantes tenían que esperar hasta febrero, cuestión de días. Las juezas Graciela Seijas y Mabel Daniele aceptaron habilitar la feria, pero fue lo único que aceptaron. En un fallo lapidario, rechazaron levantar el amparo y dejaron de lado los argumentos de los apelantes, algunos francamente pintorescos.

Resulta que los constructores, viendo que no convencían con su uso del FOT de la manzana entera para una parcela toda, hasta cuestionaron el uso de esa medida como herramienta urbana. La Cámara ignoró ese argumento, más apto para un seminario en la FADU que para un escrito judicial. Tampoco le prestó la menor atención al pedido de los constructores de construir menos de lo que habían pedido originalmente, aunque sea para no perder tanta plata. Con tino, el tribunal los mandó a presentar nuevos planos de un edificio más chico ante sus amigos de la Dgiur y Dgfyc, explicitando que no se puede construir a medias lo que ya se aprobó y que una Cámara no da habilitaciones para obras.

Las juezas hasta se permiten un tono algo zumbón al tratar la supuesta transferencia del FOT de la manzana entera a la parcela del quartier. Los constructores dicen que ninguna ley impide hacerlo, pero el tribunal contesta que ninguna ley habilita hacerlo, con lo que los tratos de palabra no existen. De hecho, las camaristas hasta podrían ver ahora mismo que el supuesto trato no existe, porque a unos metros del quartier los salesianos ya están haciendo una obra. Un gran cartel lleno de logos avisa que se están ampliando las instalaciones del colegio, explícitamente el jardín de infantes y la primaria. La obra es de algo más de 5000 metros cuadrados y de 16,40 metros de altura, algo que ciertamente influye en el FOT total de la manzana.

Con la Justicia tomando claramente posición y con argumentos fuertes, los vecinos pasaron su eje de movilización a prevenirse de la poderosa fantasía del macrismo en funciones, que nunca deja en la estacada a un colega constructor. Una de las amparistas, Gabriela Pastorino, les escribió una dolida carta a los salesianos contando por qué se mudó con sus hijos a un barrio “de casas bajas, un rincón tranquilo de la ciudad”. En la carta, Pastorino explica el caso, cuenta del amparo y le pide a la comunidad religiosa que “no ponga el dinero por encima de los valores de comunidad y solidaridad que enseña a sus alumnos”. Los vecinos están repartiendo copias de esta carta por todo el barrio. El mismo texto puede verse en Change.org, donde está pasando algo notable, que ya hay casi 5000 firmas reunidas apoyando al texto y a los vecinos.

Para ver el tema de un modo más general, es evidente que los porteños están muy por delante de los macristas en esto de entender los barrios. Las disposiciones que autorizaron una obra con una superficie y altura fantasiosas, y con usos claramente imposibles, muestran la total desconexión con la realidad de funcionarios que creen que estas cosas todavía “pasan”. No pasan, ya no.

La restauración del edificio del Congreso Nacional entra en su etapa final; “A velocidad” (Página12)

March 15th, 2015 Comments off

Un batallón de 108 restauradores está acelerando de un modo notable los trabajos en la Cámara de Diputados, con logros notables, como la sala de taquígrafos y el Salón Kirchner.

Hay dos desgracias que les suelen ocurrir a nuestros pobres y generalmente maltratados edificios públicos. Una es la desidia de no arreglarlos nunca y quedarse tan campantes trabajando en los restos tristes del esplendor original, o la hiperactividad de arreglarlos de un modo impropio, groseramente moderno y generalmente barato. La otra es que la obra arranque, se estanque y quede inmóvil por los años de los años, y amén. Cada argentino tiene su propia lista de edificios del Estado con los andamios envejeciendo, ya parte del paisaje.

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“Para liberar terrenos” (Página12)

March 15th, 2015 Comments off

El Círculo Obrero de Santa Lucía, en Barracas, vuelve a estar en peligro, porque el macrismo, en lugar de cumplir la ley, busca cambiarla. Un ejemplo clarísimo de las prioridades de su gestión.

El gobierno de Mauricio Macri nunca pudo digerir el todavía débil andamio de protección al patrimonio porteño. Por sus intereses económicos, por los de sus amigos y colegas del sector, y por la ideología zonza y conveniente que defienden tantos profesionales, la idea de patrimonio del macrismo es la del monumento en la plaza, la iglesia antigua, alguno que otro edificio público que no se puede demoler de todos modos, y grandes edificios que no es negocio destruir, por grandes nomás. El resto, las casas y los pequeños edificios que forman el tejido porteño, son culpable de “no realizar su carga edilicia”, la manera elegante de señalar que son un negocio perdido porque ahí se podría hacer un edificio alto.

Es por eso que el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales parece un Opus Dei de la piqueta y lograr que sea menos blando es una lucha de titanes, como bien sabe Jaime Sorín. Y es por eso que el macrismo en funciones odia a grupos como Basta de Demoler y busca callarlos con un juicio y brutal. Y es por eso que Macri en persona firmó el proyecto de ley 3541-J-2012, que la Comisión de Planeamiento de la Legislatura ya aprobó, disciplinada con los intereses que representa. El proyecto busca sacar de la lista de protecciones a varios cientos de edificios con protecciones cautelares y liberar cientos de negocios para el sector. Que se haga a costa de la misma identidad física de los porteños, de su ecología construida, es irrelevante. Hay buenos cheques en camino.

Para demostrar el nulo nivel intelectual de la idea y dejar en claro que se habla de dinero puro y duro basta ver la denuncia de Proteger Barracas sobre un edificio que la ONG defendió y defiende con particular amor. Es el Círculo Obrero de Santa Lucía, que tiene la desgracia de estar sobre una avenida, Montes de Oca 318, pleno Barracas y sobre un terreno que da para una gran torre con sus más de catorce metros de frente y más de setenta de fondo. El Círculo fue picado, asediado, vandalizado para ser demolido por gente que sabe lo que hace y sobre todo lo que quiere. Y ahora el mismo jefe de Gobierno lo incluye en su proyecto afirmando que carece de valores patrimoniales e históricos.

Esta fallutada puede ser desmentida, irónicamente, usando documentos del mismo Gobierno porteño que preside el ingeniero civil Macri. La lista de edificios a liberar fue compilada por la sección “realista” de la administración porteña, la que representan el ministro Daniel Chain y su secretario Héctor Lostri, cabezas de la “línea de la industria” que va del mismo jefe “al último de los directores generales”, al decir famoso de Lostri. Y es verdad, de Macri al “último”, son todos profesionales en esto de demoler y construir del modo más especulativo posible. Nunca hay que olvidar que la única vez que Macri Jr. tuvo algo parecido a un trabajo en la vida real fue como cabeza de la empresa familiar dedicada a la construcción.

El problema es que la sección “idealista”, la de Cultura, fue capada y condenada al silencio en materia patrimonial, pero le permitieron seguir en su actividad más tradicional, la de hacer informes y publicar libros. Esta es una suerte de paritaria para funcionarios, donde los “realistas” hacen y cobran, y los “idealistas” escriben, suspiran y van a congresos, si es posible en el exterior. Con el ministro de Cultura que tenemos, se garantiza por completo que el sistema funcione sin protestas audibles. Lo que explica que el PRO cuelgue hasta en Facebook que el bochorno de la Richmond fue un éxito de su gestión… Pero a la vez quedan los libros y los informes, que ahora desmienten a Macri.

Por ejemplo, el Atlas de Edificios Catalogados, 2010-2011, publicado por la propia Ciudad, que incluye en su página 184 incluye el Círculo y su vecino de medianera de Montes de Oca 330. O el completo informe compilado en abril de 2011 por Leonel Contreras y revisado nada menos que por Graciela Aguilar, una arquitecta con tantos años de función municipal que ya tiene un sí telepático. El informe es clarísimo a la hora de recomendar la catalogación del Círculo y fundamentarla en ley. Vale la pena repasarlo, para que los legisladores votantes se acuerden.

El edificio de Barracas es parte de un sistema de cinco edificios de diversas épocas en nuestra ciudad, sedes de una institución fundada por el cura alemán Federico Grote, que llegó a Argentina en 1884 como misionero redentorista y, otra nota de patrimonialismo, se alojó en el también acosado Convento de Las Victorias, en Libertad y Paraguay. Grote funda el primer Círculo de Obreros Católicos en 1892, meses después de la publicación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, antecedente de la Doctrina Social de la Iglesia y el primer documento en que se permite que los católicos se sindicalicen. La sede de Barracas es de las primeras en el país, con una primera sede en Montes de Oca al 900 desde 1894 y la actual desde 1905.

El edificio del 318 es, como dice el informe, eclecticista, tiene dos niveles, alguito más de mil metros de superficie cubierta y su primer piso básicamente intacto. Como el edificio es “un referente del barrio de Barracas” y pese a que está en un “área heterogénea” –en castellano, rodeado de torres abominables– se destaca “su valor referencial en la identidad de Barracas”. Y pese a que fue intervenido y remodelado en varios lugares, conserva su gran salón-teatro y “los rasgos fundamentales del cuerpo que da hacia el frente”. En conclusión, el documento recomienda reconocer como Sitio Histórico a los cinco edificios de los Círculos por estar “vinculados con acontecimientos del pasado” y ser “de destacado valor histórico, antropológico, arquitectónico, urbanístico y social”.

Que se sepa, este informe no fue repudiado, ni cancelado, ni derogado por Macri o sus minions, con lo que la explicación a las ganas de desproteger el Círculo Santa Lucía debe buscarse en otras pulsiones. El edificio casi fue demolido en 2011, lo que fue evitado por la Legislatura en parte basándose en el informe ya citado y en mucha parte por la fuerte oposición de los vecinos a su demolición. El edificio llegó a tener un cartel anunciando un edificio de 38 metros de altura más dos retiros, con quince pisos de palomar con 65 departamentos de uno, dos y tres ambientes en la patética estética que se usa hoy en día. Como no se pudo hacer, el edificio fue sistemáticamente vandalizado. Primero fueron dos fletes que se llevaron desde los sanitarios hasta puertas y ventanas. Luego le dejaron los ventanales abiertos, para que entre la lluvia y la mugre. Y luego hasta organizaron una oportuna ocupación, con supuestos carenciados que no convencieron mucho porque se olvidaban de los parlamentos que les habían dado para justificar su presencia.

Como nada de esto funcionó, se apostó a la paciencia y los buenos contactos. El macrismo no hizo nada al respecto, y mucho menos cumplir con el Régimen de Penalidades del Patrimonio Cultural de la Ciudad, sancionado a fines del año pasado y promulgado en enero de 2014. El primerísimo párrafo de este Régimen dice que quien rompa o deje que se rompa un bien cultural “deberá proceder a la reparación de los daños causados o a la reconstrucción de los bienes afectados de conformidad a los documentos existentes y con la intervención de los organismos competentes”. También corresponden multas de veinte a cien mil pesos para faltas menores, inhabilitación para los profesionales involucrados, y multas de entre 240.000 y 600.000 unidades fijas a quien destruya “total o parcialmente” piezas del patrimonio.

El Círculo Santa Lucía es una pieza del patrimonio cultural legalmente reconocido por la Ciudad. El jefe de Gobierno porteño no sólo no sanciona ni cobra las multas sino que acepta gestiones para sacarle la protección y dejar que lo demuelan. Y es explícitamente imposible que Cultura gane alguna vez el poder de policía que se pensó alguna vez para el patrimonio edificado. Esto es cuidar el negocio de la industria mimada sin quebrar la ley, ya que basta violarla de la manera más institucional posible.

“El patrimonio en tensión” (Página12)

March 15th, 2015 Comments off

El traslado físico de un punto a otro de la Ciudad de Buenos Aires nos pone en una situación de tensión acerca de temas vinculados con el patrimonio y su forma de abordarlo por parte del Gobierno de la Ciudad y del gobierno nacional. Luego de recorrer las obras de recuperación del Transbordador Nicolás Avellaneda, en La Boca, que son parte del saneamiento integral del Riachuelo, de sentir la emoción de que ese maravilloso artefacto finalmente se recupere y se lo saque de la terapia intensiva en la que estuvo por cincuenta años, nos dirigimos a tomar café a la Confitería El Molino, en Congreso. Allí, donde grupos de entusiastas que hace años vienen bregando por la recuperación del edificio finalmente fueron escuchados.

Ambas obras son del gobierno nacional. La Dirección Nacional de Vialidad recupera el transbordador y luego de la media sanción legislativa que le falta el proyecto de recuperación de El Molino se recuperará con presupuesto del gobierno nacional. Al igual que el otro puente Nicolás Avellaneda, el más moderno, que ya fue rescatado, los edificios del Ministerio de Agricultura sobre Paseo Colón, el Palacio de Correos y Telecomunicaciones de Corrientes y Leandro N. Alem, la Casa de Gobierno en conjunto con la Aduana Taylor, el mural de Siqueiros y el Congreso Nacional. Sin nombrar otras intervenciones no específicas del patrimonio, como el subte que conectará Plaza de Mayo con Retiro, las Bodegas Giol, que a fuerza de ciencia y tecnología cambió esa zona de Palermo, la cesión del bajo autopista de La Boca en favor de la ciudad y la recuperación de la Vuelta de Rocha en el mismo barrio.

Cuántos beneficios, ejecutados con presupuesto nacional, para una ciudad, ¿no? En otros momentos y con menos dinero muchos nos las ingeniamos para recuperar la Casa de Gardel, la logia Hijos del Trabajo y su neo egipcio masón en Barracas, la gloriosa y vecina Sociedad Luz, la casa Pantano en el Abasto, el edificio de la Escuela Taller del Casco Histórico, en Brasil y Paseo Colón, hoy amenazado también por la piqueta.

Por eso no entendemos ¿cuál es el pretexto para no recuperar la casa de Filiberto en La Boca? ¿Económico? ¿El metrobus se puede cargar así porque sí un sitio de la memoria como es el Atlético y el edificio de Brasil y Paseo Colón? Y siguiendo la misma línea hacia La Boca, el edificio Marconetti, o lo que ocurrió en la plaza Intendente Alvear con el subte (Plaza Francia para los funcionarios porteños) o los autos del TC 2000 rugiendo junto al Cabildo, la Richmond y su nuevo cafecito entre un millón de pares de zapatillas, los 36 Billares, los ornamentos del mástil de Plaza Colombia, y siguen las víctimas…

Tan pobre es la atención que se tiene desde la gestión a la identidad porteña, tan viciada de argumentaciones leguleyas y económicas y tan tristes han sido, como llegar al colmo de la impotencia y enjuiciar a una ONG, como Basta de Demoler. Todos estos son sólo ejemplos que evidencian cómo, en la ciudad más importante del país, se trata el patrimonio.

Sobre las ONG y particulares demandados por el Gobierno de la Ciudad: “La defensa de los derechos de todos” por Ricardo Gil Lavedra. Nota de Opinión Clarín

March 2nd, 2015 Comments off

A diferencia de otros regímenes, una democracia robusta necesita demócratas, es decir, ciudadanos que hagan valer sus derechos y exigir  a las autoridades públicas su cumplimiento. Una ciudadanía comprometida, vigilante y activa es la mejor garantía para tener una democracia de mejor calidad.

Para eso, debemos alentar a que los ciudadanos se involucren en la defensa de las cuestiones públicas y colectivas. De este modo mejoraremos decisivamente nuestra democracia.

Al contrario, pareciera que existe un claro propósito,  al que no se encuentra ajeno el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de intimidar a ciudadanos y organizaciones civiles, a través de acciones judiciales tendientes a silenciar los reclamos y  acallar sus protestas, por el razonable temor que provoca el ser personalmente demandado en los tribunales.

Este modo de proceder se advierte en el inicio de demandas por importantes montos en concepto de daños y perjuicios, por parte del Gobierno de la Ciudad y/o de otras entidades, contra simples ciudadanos que buscaron tutela judicial por medio de  acciones de amparo para evitar que se llevaran adelante determinadas obras que podían perjudicar a toda la comunidad.

Estas acciones civiles, verdaderas represalias, son  amenazas que no sólo constituyen una lesión grave al derecho a manifestarse libremente, sino que, además, desalienta la participación ciudadana y se convierten en un medio de censura. En el futuro, recurrir en busca de tutela judicial frente al avasallamiento de los derechos de todos (como lo es la preservación del medioambiente o la conservación del patrimonio edilicio y cultural), será un riesgo que pocos querrán correr si saben que luego pueden ser sometidos injustamente a extensos y gravosos litigios judiciales, aunque éstos sólo tengan por finalidad desalentar este tipo de acciones por parte de vecinos que buscan -de buena fe y conforme a las herramientas que provee el ordenamiento jurídico- defender intereses legítimos.

Existen varios antecedentes en los que grupos de vecinos han sido, efectivamente, demandados civilmente por la realización de acciones de amparo. Por ejemplo, la ONG “Basta de demoler”, conjuntamente con la Dra. Sonia Berjman y Santiago Pusso, fueron demandados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de su reclamo por la construcción de la prolongación de la línea de subterráneo H en la Plaza Francia. La ONG “Observatorio por el derecho a la Ciudad” fue demandada por haberse opuesto a la instalación del Metrobús en la Avda. Cabildo.

Recientemente, un grupo de vecinos de Coghlan fue citado a una audiencia de mediación (paso previo e ineludible para una acción posterior por daños y perjuicios) con motivo de una acción de amparo que dedujeron oportunamente contra quienes pretenden edificar en el predio ocupado por la Villa Roccatagliata, construida a principios del año 1900,  dos torres de 13 y 28 pisos, con 3 subsuelos, violando el Código de Planeamiento Urbano y lo autorizado para esa parcela.

Este grupo de vecinos  junto con las ONG “ACAEC” y “Basta de Demoler” obtuvieron una medida cautelar que impedía realizar cualquier alteración del inmueble y del predio de la Villa Roccatagliata. Sin embargo, al resolver el fondo de la cuestión, el juez de primera instancia rechazó la acción de amparo interpuesta en atención a que los planteos resultaban, en principio, prematuros. Esta decisión fue confirmada, por mayoría, por la Cámara de Apelaciones y se encuentra, actualmente, ante el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires que debe decidir un recurso de queja interpuesto por la parte actora, es decir, por los vecinos.

Aunque aún no hay resolución definitiva sobre la cuestión, la empresa constructora, “Palacio Roccatagliata S.A”. reanudó los trabajos en la Villa, inscribió los planos y envió un claro mensaje a los vecinos que luchaban por la preservación del patrimonio edilicio: los citó a una mediación en reclamo de daños y perjurios. Es claro que estos vecinos –así como otros que han tenido similares experiencias- pueden sentirse intimidados por las notificaciones recibidas y dudarán en continuar con el reclamo legítimo que se encuentra en marcha. Casi con seguridad, no volverán, en su mayoría, a tratar de evitar desde su lugar en la sociedad –el de ciudadanos- la toma arbitraria de decisiones políticas que puedan afectar a toda la comunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces mucho más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una acción penal en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia (o, en el presente caso, promueve una acción de amparo) con el resultado evidente y disvalioso de la autocensura” (caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, sentencia del 29 de noviembre  de 2011).

Ricardo Gil Lavedra, Abogado-Ex diputado nacional

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¿Qué hay detrás de la demolición del Petit Hotel de María Julia Alsogaray?

February 28th, 2015 Comments off

Esta semana, comenzó la demolición del  Petit Hotel de Junin 1435. El mismo que fuera rematado por orden judicial para afrontar las deudas  que la ex funcionaria menemista debió afrontar con el fisco tras una causa por enriquecimiento ilícito. Lejos de la anécdota, este nuevo caso se suma a la infinidad de demoliciones de esta tipología tan poteña en peligro de demolición: el “petit hotel”.

Si bien está vigente una Ley que protege preventivamente los inmuebles anteriores al año 1941, la cual habilita a que un Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) a que evalué el valor de los edificios con pedido de demolición; La decisión de que edificios deben ser demolidos generalmente es cuestionada por los vecinos.

En este caso, no hay información de Junín 1435 en el Registro de Bienes Catalogados del Área de Protección Histórica del Ministro de Desarrollo Urbano. Además el expediente N° 17.617.923/14 de Demolición total, no figura en los registros de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.

La confusión aumenta cuando se accede al mismo registro pero de Junín 1445: aparecen dos fichas con la misma dirección pero con diferente número de parcela: Sección 11, Manzana 058, Parcela 018  que corresponde a  Junín 1445, un edificio de renta y Sección 11, Manzana 058, y Parcela 019 que correponde a Junin 1435, osea el Petit hotel demolido.

Ambas fichas muestran información contradictoria; la ficha de la parcela del Petit Hotel tiene la foto del edificio de renta y la ficha del edificio de renta dice este que no es anterior al año 1941 pero aún así parece haber recorrido los pasos previsto por la Ley antes mencionada ya que está dentro del catalogo preventivo con protección cautelar.

Si bien este puede ser un error burocrático, las organizaciones vecinales, entre ellas Basta de Demoler, reclaman desde el año 2011 la posibilidad de participar de las reuniones del CAAP de acuerdo al reglamento de dicho organismo para asegurar la transparencia en este tipo de deciciones.

Sin embargo, desde el Gobierno de la Ciudad se ha negado esta posibilidad donde se decide a puerta cerrada el futuro del patrimonio de todos los porteños.

Más casos en la misma cuadra:

Lejos de ser un incidente aislado, los vecinos de esta cuadra son testigos privilegiados de estos manejos y hasta el periodista de Página12 ha sido demandado por hacer públicas estas irregularidades: Hasta Diciembre de 2009, tras ser evaluado por el CAAP, el edificio de Junín 1471 estaba incluido dentro de la una Ley de protección que reunía varios inmuebles de la tipología Petit Hotel de barrio de Recoleta. Pero sorpresivamente, el Subsecretario de Planeamiento, Hector Lostri, emitió una contradictoria resolución en la que “desestima”  proteger el inmueble y habilita su demolición.

Lo contradictorio es que el CAAP había decido con anterioridad que este edificio reunía las condiciones necesarias para ser protegido legalmente con el nivel de protección cautelar. Dicho dictamen y la posterior Ley de protección se basó y fundamentó en la información provista por la Dirección de Interpretación Urbanística que depende del mismo Subsecretario de Planeamiento. No menos polémico es el hecho de la reconsideración se logró sin consultar al CAAP; que es el organismo encargado de evaluar el valor de los edificios patrimoniales.

Bosques de Palermo: destruyen veredas históricas en buen estado

February 26th, 2015 Comments off

La obra de $ 37 millones reemplazará un revestimiento histórico en buen estado en el  eje principal del Área de Protección Histórica Parque 3 de Febrero.

El Ministerio de Espacio Público de la Ciudad, por la licitación 226/14 ha adjudicado a la empresa Ingevial SA una obra de 37 millones y medio de pesos, que se anuncia como “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras”.

Un cartel poco visible en la acera de  la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta  y Libertador, consigna esta información. Esa  acera, como la de enfrente y la que rodea parcialmente la plaza que contiene el Rosedal,  es (era) de mosaico calcáreo antideslizante de color rojizo, en armonía  con el piso de polvo de ladrillo   de  otros sectores de vereda y senderos de los jardines contiguos.

 Los mosaicos están dispuestos en el paño central a 45º, y en el perímetro a 90º. En su encuentro con el césped, una hilera  de ladrillos de máquina con un ángulo curvo, puestos de cabeza, forma un cordón protector del solado que permite un fácil y  prolijo mantenimiento.

Fue  un recurso muy utilizado en los paseos públicos en la primera mitad del siglo XX, y puede verse  todavía en las inmediaciones del Museo de Bellas Artes,  en la plaza  Grand Bourg, y en la plaza san Martín de Tours.

A pesar de encontrarse en buen estado, está  siendo arrasado con pala mecánica, y será sustituido, parece, por un alisado de cemento, un modo curioso de aplicar la “Rehabilitación y Mantenimiento” que el cartel invoca.

Cuesta entender la necesidad y el criterio económico de una decisión tan drástica, que altera radicalmente un paseo tan importante  de Buenos Aires, eje principal del Área de Protección Histórica Parque 3 de Febrero, así declarado en 1994.

Fuente: Cartas de los Lectores, La Nación. 25 de Febrero de 2015