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Archive for the ‘Demanda a ONG’ Category

Sobre la venta de Centro Cultural Recoleta: “Inmobiliaria Rodríguez Larreta, vende” (Página12)

October 13th, 2015 Comments off

“Justo cuando está por vencer la concesión del Design Center, que se alquila a precio vil, el más alto nivel del macrismo quiere vender casi todo el Centro Recoleta, en subasta.”

“Calladitos, con bajo perfil, envolviendo el negocio con lenguaje legal, los macristas están preparando una bella donación del patrimonio público. La idea es vender el Centro Cultural Recoleta en “subasta pública”, de modo que el shopping que actualmente alquila, a muy, muy buen precio el grupo IRSA, pase a ser propiedad privada, con escritura y sin molestias. No importa el nivel de catalogación del lugar, no importa su nivel simbólico. Para guardar las apariencias, hila el macrismo, basta dejar el pedacito que da hacia Alvear, el que tiene en la puerta el cartel de Centro Cultural.”

(…)

“Y agrega un alma desconfiada: tampoco es casualidad que el gobierno porteño, a través de su empresa de subtes, insistiera tanto en hacer la estación Recoleta justo al pie del shopping. De hecho, conectada directamente por medio de un túnel. Por frenar ante la justicia esta coronita pagada por los contribuyentes, Basta de Demoler y Sonia Berjman enfrentan una vengativa demanda del gobierno porteño.”

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Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en la Justicia ante la demanda del GCBA: “Basta de Demoler tiene amicus” (Página12)

March 15th, 2015 Comments off

Como bien saben los lectores de este suplemento, Mauricio Macri y su gobierno trataron de intimidar a Basta de Demoler y a otras ONG que les molestan en sus negocios, haciéndoles un juicio millonario a ellos y a Sonia Berjman. La idea de los macristas fue que al lograr un amparo para que no desintegraran la plaza Intendente Alvear construyendo ahí una estación de subte –ilegal, de paso, porque tenían que construirla enfrente, en Plaza Francia– les habían hecho perder plata. Y demandaron a Basta de Demoler y a Berjman para que pagaran los millones supuestamente perdidos por bloquear la obra. Además del absurdo legal, ya que no fueron BdD ni Berjman quienes bloquearon la obra sino un juez de la ciudad, en pleno uso de sus poderes judiciales, el caso fue claramente un apriete para asustar a los que quieran protestar a futuro.

El hecho hasta dividió internamente al PRO porteño, porque muchos se dieron cuenta de que se iba a armar un escándalo, cosa que se puso internacional a medida que las expresiones de preocupación, repudio y solidaridad pasaban del CELS y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia a Greenpeace y el World Monument Fund. Ahora, Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales se presentaron ante el tribunal para argumentar a favor de los acusados.

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Sobre las ONG y particulares demandados por el Gobierno de la Ciudad: “La defensa de los derechos de todos” por Ricardo Gil Lavedra. Nota de Opinión Clarín

March 2nd, 2015 Comments off

A diferencia de otros regímenes, una democracia robusta necesita demócratas, es decir, ciudadanos que hagan valer sus derechos y exigir  a las autoridades públicas su cumplimiento. Una ciudadanía comprometida, vigilante y activa es la mejor garantía para tener una democracia de mejor calidad.

Para eso, debemos alentar a que los ciudadanos se involucren en la defensa de las cuestiones públicas y colectivas. De este modo mejoraremos decisivamente nuestra democracia.

Al contrario, pareciera que existe un claro propósito,  al que no se encuentra ajeno el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de intimidar a ciudadanos y organizaciones civiles, a través de acciones judiciales tendientes a silenciar los reclamos y  acallar sus protestas, por el razonable temor que provoca el ser personalmente demandado en los tribunales.

Este modo de proceder se advierte en el inicio de demandas por importantes montos en concepto de daños y perjuicios, por parte del Gobierno de la Ciudad y/o de otras entidades, contra simples ciudadanos que buscaron tutela judicial por medio de  acciones de amparo para evitar que se llevaran adelante determinadas obras que podían perjudicar a toda la comunidad.

Estas acciones civiles, verdaderas represalias, son  amenazas que no sólo constituyen una lesión grave al derecho a manifestarse libremente, sino que, además, desalienta la participación ciudadana y se convierten en un medio de censura. En el futuro, recurrir en busca de tutela judicial frente al avasallamiento de los derechos de todos (como lo es la preservación del medioambiente o la conservación del patrimonio edilicio y cultural), será un riesgo que pocos querrán correr si saben que luego pueden ser sometidos injustamente a extensos y gravosos litigios judiciales, aunque éstos sólo tengan por finalidad desalentar este tipo de acciones por parte de vecinos que buscan -de buena fe y conforme a las herramientas que provee el ordenamiento jurídico- defender intereses legítimos.

Existen varios antecedentes en los que grupos de vecinos han sido, efectivamente, demandados civilmente por la realización de acciones de amparo. Por ejemplo, la ONG “Basta de demoler”, conjuntamente con la Dra. Sonia Berjman y Santiago Pusso, fueron demandados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de su reclamo por la construcción de la prolongación de la línea de subterráneo H en la Plaza Francia. La ONG “Observatorio por el derecho a la Ciudad” fue demandada por haberse opuesto a la instalación del Metrobús en la Avda. Cabildo.

Recientemente, un grupo de vecinos de Coghlan fue citado a una audiencia de mediación (paso previo e ineludible para una acción posterior por daños y perjuicios) con motivo de una acción de amparo que dedujeron oportunamente contra quienes pretenden edificar en el predio ocupado por la Villa Roccatagliata, construida a principios del año 1900,  dos torres de 13 y 28 pisos, con 3 subsuelos, violando el Código de Planeamiento Urbano y lo autorizado para esa parcela.

Este grupo de vecinos  junto con las ONG “ACAEC” y “Basta de Demoler” obtuvieron una medida cautelar que impedía realizar cualquier alteración del inmueble y del predio de la Villa Roccatagliata. Sin embargo, al resolver el fondo de la cuestión, el juez de primera instancia rechazó la acción de amparo interpuesta en atención a que los planteos resultaban, en principio, prematuros. Esta decisión fue confirmada, por mayoría, por la Cámara de Apelaciones y se encuentra, actualmente, ante el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires que debe decidir un recurso de queja interpuesto por la parte actora, es decir, por los vecinos.

Aunque aún no hay resolución definitiva sobre la cuestión, la empresa constructora, “Palacio Roccatagliata S.A”. reanudó los trabajos en la Villa, inscribió los planos y envió un claro mensaje a los vecinos que luchaban por la preservación del patrimonio edilicio: los citó a una mediación en reclamo de daños y perjurios. Es claro que estos vecinos –así como otros que han tenido similares experiencias- pueden sentirse intimidados por las notificaciones recibidas y dudarán en continuar con el reclamo legítimo que se encuentra en marcha. Casi con seguridad, no volverán, en su mayoría, a tratar de evitar desde su lugar en la sociedad –el de ciudadanos- la toma arbitraria de decisiones políticas que puedan afectar a toda la comunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces mucho más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una acción penal en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia (o, en el presente caso, promueve una acción de amparo) con el resultado evidente y disvalioso de la autocensura” (caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, sentencia del 29 de noviembre  de 2011).

Ricardo Gil Lavedra, Abogado-Ex diputado nacional

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Gobierno de la Ciudad demanda a Basta de Demoler por defender una plaza histórica

November 20th, 2014 Comments off

El Gobierno de la Ciudad  presentó una demanda por “daños y perjuicios” contra la asociación civil “Basta de Demoler”, Santiago Pusso (vicepresidente) y Sonia Berjman, amparistas en la causa judicial que se inició para detener la destrucción de la Plaza Intendente Alvear en Recoleta (Av. Pueyrredón y Libertador), cuando se pretendía construir la estación de subte “Plaza Francia” en ese terreno.

Según el Gobierno, la intención de los amparistas fue “con el solo propósito de obliterar una obra pública destinada a la prestación de un servicio público”; y que estos procesos obstruccionistas “sólo pueden concebirse en el marco de una acción política que, so pretexto de proteger el medio ambiente, se dirigiera a impedir o entorpecer la gestión de gobierno y las obras dentro de la Plaza Alvear”.