Edición impresa. La legislatura vota si se extiende una ley que protege a las construcciones anteriores a 1941. Más de 140 mil construcciones están a punto de ser demolidos.
Por Fernando Costoya
Existen en la ciudad de Buenos Aires más de 140.000 construcciones edificadas antes de 1941 que estarán en riesgo de demolición si la Legislatura porteña no vota la prórroga de la ley 3.056, que caduca el próximo 31 de diciembre y es uno de los pocos mecanismos legales para proteger de la piqueta a las propiedades de alto valor patrimonial y arquitectónico. Hay un acuerdo entre los diferentes bloques para aprobar la extensión de la norma.
Entre reclamos de asociaciones vecinales, algunos sectores exigen un demorado Catálogo de Edificios Patrimoniales, que permitiría brindar una protección definitiva a los edificios históricos.
En lo que será la última sesión ordinaria del año, los legisladores podrían aprobar hoy la ley 3.056, una norma modificatoria de la 2058 que permite conservar las construcciones previas a 1941. Esta ley es vista con beneplácito por todos los actores sociales que se dedican a proteger el patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico de la ciudad. Desde la ONG Basta de Demoler sostienen que “ya cuentan las horas los especuladores, los creadores de fondos fiduciarios, las inmobiliarias que aconsejan esperar un poco más porque en enero ya se podrá demoler indiscriminadamente”, y que si se permitieran más demoliciones se “seguirá destruyendo nuestros barrios y perdiendo su identidad”. Por su parte, Fernando Sánchez, legislador de la Coalición Cívica e integrante de la Comisión Patrimonio Arquitectónico y Paisajista, le dijo a Crónica que esa ley “funciona como filtro para reconocer las propiedades con alto valor patrimonial y evitar su demolición”. Y amplió: “Unas cuantas piezas edilicias de alto valor histórico-patrimonial de Barracas, San Telmo y otros barrios emblemáticos correrían peligro de ser demolidas”.
De todas maneras, la aprobación de la prórroga no significa necesariamente un alivio para los cimientos de las viejas construcciones. Sucede que si a la fecha de vencimiento, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, no promulga la renovación de la 3056, los “especuladores” podrían lanzarse a demoler sin miramientos aduciendo un “vacío legal” para las construcciones actualmente inhibidas. Al respecto, Sergio Levit, vocero de prensa del ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, aseguró que “hemos llevado a fondo la política de protección patrimonial, es un compromiso de este gobierno”.
Pese a esta afirmación, las relaciones comerciales, en el rubro de la construcción, que mantienen Chaín y su subsecretario, Héctor Lostri, no ayudan a despejar las sospechas de manejo de voluntades en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), que depende administrativamente de Lostri y es presidido por Susana Mesquida, una incondicional, según fuentes cercanas. Hoy en día, para evitar la demolición de un edificio se debe presentar una solicitud al CAAP, que tiene un máximo de 45 días para evaluar un inmueble. Sin embargo, esto no alcanza para preservar el acervo arquitectónico de Buenos Aires. Se calcula que apenas un poco más del 10 por ciento de los edificios con pedido de demolición, fueron protegidos por el CAAP. El caso más reciente es el de La Imprenta y La Cuadra (ver recuadro). Sergio Levit, vocero de Prensa de Chaín, manifestó a Crónica que “el Ministerio (de Desarrollo Urbano) acepta siempre la evaluación que realiza el CAAP. Si desiste frente a un pedido, significa que no hay nada que proteger”.
En este contexto, la elaboración de un catálogo exhaustivo sería vista con buenos ojos por todos los actores involucrados. “El catálogo definitivo está a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad”, sostuvo Sánchez, quien explicó que “a la fecha dicho catálogo no está completo”.
Desde Basta de Demoler aseguraron que aceptan “un catálogo correctamente realizado”, siempre y cuando siga “las recomendaciones internacionales dadas en la materia”.
Al respecto, Levit aclaró que “no hay un plazo estipulado, ni obligación de presentarlo en una fecha determinada”, en tanto refirió que “el objetivo es finalizarlo en 2011”. Hasta entonces la piqueta penderá como “espada de Damocles” sobre el patrimonio edilicio de la ciudad.