Los depredadores patrimoniales –públicos y privados– creyeron que tendrían un veranito de demoliciones. No fue así.
La ayuda que les dio la bancada del PRO y algunos legisladores opositores en la Legislatura porteña duró poco. El Poder Judicial, con el primero de varios fallos en plena feria, les amargó la temporada de caza: las leyes 2548 y 2056 –que protegen preventivamente los edificios anteriores a 1942– seguirán vigentes hasta tanto los diputados concluyan el debate sobre su eventual y necesaria prórroga.
Luego, llegó la prohibición de demoler la Casa Suiza y, esta semana, otras dos resoluciones de los jueces Vicente Cataldo y Elena Liberatori impidieron la destrucción de un inmueble en Puán 123 y otro en Teodoro García 1733. En estos casos los amparos fueron iniciados por el Dr. Guillermo Blousson, presidente de la Asociación Civil Barrio La Imprenta. Esta ONG patrimonialista nació al calor de la lucha –y el triunfo– para preservar los emblemáticos edificios conocidos como La Imprenta y La Cuadra.
La efectiva actuación de la Justicia en defensa del patrimonio cultural ya no es una noticia y, a esta altura, tampoco que los jueces habiliten la feria judicial para tratar estos temas, ni que los depredadores busquen cualquier resquicio para burlar la ley, pero las últimas decisiones judiciales traen novedades importantes.
La principal es que la Justicia ha puesto la lupa sobre el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Se trata de un órgano mixto, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la Legislatura y de algunas instituciones, y sus miembros cumplen tareas en forma honoraria, pero esto no los exime de responsabilidad, incluso, penal.
La descripción de las curiosidades e irregularidades de la nueva votación en la que el CAAP resolvió desestimar un inmueble que ya se encontraba legalmente protegido vamos a dejarla para la semana que viene porque merecen una columna especial.
El edificio de Teodoro García forma parte, además, de un record que difícilmente puedan explicar los integrantes del CAAP que votaron a favor de su desestimación. Fue dejado sin protección junto con otros 900 –sí, ¡novecientos!– inmuebles “evaluados” en una sola reunión.
Tal vez por eso, y a pesar de que todavía no analizó la cuestión de fondo, el juez le dedicó un duro párrafo al CAAP: “Sin duda, ayuda a la pretensión cautelar de la demanda la total carencia de fundamentos de la decisión adoptada el 12-5-2009 por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, con la mera lectura de la ‘nota’ –las comillas son del juez y tienen que ver con la informalidad del CAAP, que no numera ni registra sus actuaciones– emitida ese día”.