En un comunicado expresaron su rechazo al traslado de la estatua a la Recoleta o a Villa Lugano; el gobierno porteño acordó con la Nación que le buscará otro emplazamiento

Ahora llegó a un acuerdo con su contraparte porteña para sacarlo de la parte trasera de la Casa Rosada. La administración de Mauricio Macri estudia dos posibles ubicaciones para el monumento: una, en la plaza Justo José de Urquiza, frente a la Facultad de Derecho; otro, en alguna de las tres rotondas de la avenida Escalada, en sus cruces con Castañares, Batlle y Ordóñez o Fernández de la Cruz, en Villa Lugano.

“El Círculo Italiano no ha prestado ni prestará conformidad alguna a un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo porteño para trasladar el monumento a Cristóbal Colón a otra plaza de la ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, tal como lo viene sosteniendo invariablemente en el amparo judicial contra dicho traslado, el Círculo Italiano desea que sea en sede judicial donde, por sentencia definitiva y firme, se decida sobre el particular, con la esperanza de que se haga valer lo dispuesto en la ley nacional 5105 del año 1907, que estableció dónde deber estar emplazado”, sostuvo ayer la entidad, en un comunicado.

“Entendemos que sólo una nueva ley nacional podría derogarla y, hasta tanto, con acatamiento al principio republicano del respeto a la división de poderes, el PEN debió haber cumplido con la sentencia interlocutoria del 11 de diciembre de 2013 que le imponía abstenerse de producir cualquiera de los actos que hasta el momento viene llevando a cabo, proceder que bien podría constituir un delito de naturaleza penal, al que puede añadirse el de daño a bienes del dominio público de la ciudad y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, continuó.

Y concluyeron: “El Círculo Italiano no será cómplice en esa acción ni en ninguna otra que pudiera constituir una violación al orden legal aún vigente y un acto de deslealtad con la colectividad italiana heredera de los donantes”.

El Círculo y el resto de las entidades italianas litigantes sostienen que no tiene ninguna relevancia jurídica que la Nación y la Ciudad hayan acordado el traslado.

También que, con sus acciones y omisiones, tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri han violado la ley 5105. En este sentido, prometen que los demandarán para que respondan patrimonial y penalmente.

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