Las medias verdades son una forma de mentir diciendo la verdad. Eso es lo que acaba de hacer el gobierno porteño cuando salió al cruce de las críticas de distintas organizaciones de ciudadanos y de referentes vinculados con la protección del patrimonio cultural, por el papelón de no prorrogar la leyes 2548 y 3056.
En artículos publicados en los diarios de la semana pasada el gobierno porteño expresa: “En el marco de esta ley (2548) ingresaron 5242 expedientes y se catalogaron 989 edificios. En el último año, se presentaron pedidos para demoler 1746 edificios y 129 fueron catalogados. Y en 2010, sobre 1114 pedidos se catalogaron 73”, porcentajes de protección realmente bajos, sobre todo en los dos últimos años. Esto tal vez se deba a que la Comisión de Patrimonio de la Legislatura pasó de manos opositoras a oficialistas en 2009.
Pero el Poder Ejecutivo indica en ese mismo artículo que “la Ciudad tiene 15.207 edificios protegidos, 8485 catalogados en los últimos cuatro años”. Para que este último dato fuera verdadero, deberían haberse catalogado por fuera del procedimiento de la ley 2548 y la 3056 un total de 7587 edificios –según los datos dados a conocer a la prensa–, algo que no surge del Boletín Oficial. Un edificio está catalogado cuando se incluye expresamente en una ley y la norma es publicada.