COMUNICADO DE PRENSA DE BASTA DE DEMOLER
Monumento a Colón: Gravedad Institucional por parte del Poder Ejecutivo Nacional y del Jefe de Gobierno Porteño
Bs. As, 3/3/2014: La polémica por el traslado del Monumento a Colón ha sumado un nuevo capítulo: la presidenta de la Nación en su discurso ante el Congreso, anunció formalmente el aval del poder Ejecutivo de la Ciudad para remover el monumento: los ejecutivos de la Nación y de Ciudad acuerdan a espaldas de los ciudadanos y con una decisión pendiente en la Justicia Federal violando una ley nacional.
La cuestión cobra explícita gravedad institucional, pues el Jefe de Gobierno se suma a la cuestionada iniciativa del Ejecutivo Nacional invadiendo la esfera del Poder Legislativo de la Ciudad: la Constitución de la CABA establece que es la Legislatura, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros, quien tiene la potestad de decidir la ubicación de los monumentos (art. 81 inciso 7: “…dispone el emplazamiento de monumentos y esculturas y declara monumentos, áreas y sitios históricos….”).
Asimismo, entra en colisión con el otro poder del Estado (la Justicia) pues allí se están tramitando las acciones judiciales que Basta de Demoler e instituciones italianas iniciaron a fin de que se cumpla con la Ley 5105 del año 1907 que estable expresamente el emplazamiento del monumento a Colón en la plaza que lleva su nombre en la ciudad de Buenos Aires, a la cual pertenece desde 1894
La justicia en lo contencioso administrativo federal debe dictar sentencia sobre el fondo del asunto, es decir sobre la titularidad del monumento para poder o no disponer de él, por lo cual los publicitados acuerdos no tienen validez legal. Debe ser el Congreso Nacional el que dicte una nueva ley derogando la anterior, si se pretendiera modificar su ubicación.
Por último, la Legislatura porteña sancionará una ley con el nuevo emplazamiento.
La discusión sobre la nueva ubicación del monumento por parte de sectores políticos a la que se han sumado algunos medios de comunicación, debería realizarse a partir de la decisión de la Justicia sobre la cuestión de fondo, dado que de otra manera, constituye un nuevo elemento de presión sobre decisiones exclusivas del Poder Judicial.
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