Funcionarios y especialistas advierten sobre la situación del patrimonio cultural en la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia del boom demoledor del mercado inmobiliario avalado por el PRO.

La Ciudad de Buenos Aires desde hace varios año es víctima del avance desmedido de los negocios inmobiliarios de corte privado, en detrimento del cuidado del espacio público y el Patrimonio Cultural.

Relevamiento de Basta de Demoler.

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Amarillo: Edificio en peligro.

Rojo: Edificio en peligro inminente de demolición.

Azul: Edificio demolido

Verde: Edificio demolido (demolición histórica).

Espacios tradicionales con valor histórico como la casa de los poetas Alfonsina Storni y Evaristo Carriego, el caserón donde murió el ex presidente Roque Sáenz Peña, las calles de adoquines, la Casa Suiza, el arbolado de la Avenida 9 de Julio, y el bar 36 Billares o la Confitería Richmond, entre muchísimo otros, han sido destruidos pese a estar protegidos como patrimonio de la historia de la Ciudad.

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Marcelo Magadán, un arquitecto especializado en restauración de edificios históricos y en gestión de conservación de patrimonio cultural manifiesta: “En patrimonio, como en otras cuestiones, la administración local no cumple con su función básica de defender lo público y va detrás de la tendencia del mercado, brindándole el marco que éste necesita sin mediar para proteger los intereses colectivos. La Ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo de la falta de políticas concretas en este campo, donde el discurso va por un lado y la realidad por otro”.

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En términos legales el patrimonio arquitectónico está protegido por las declaratorias de APH, Áreas de Protección Histórica y por la Constitución de la Ciudad, y un régimen de penalidades, aprobado en 2013, para quienes atenten contra edificios históricos. Al respecto Magadán advierte que “a pesar de lo que suele decir el discurso oficial y de la normativa de conservación vigente, el patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires está en una situación muy frágil”.

En 2007 nació desde la ciudadanía la Organización No Gubernamental “Basta de Demoler” con el objetivo de preservar el patrimonio histórico de la Ciudad. Carlos Blanco, arquitecto y miembro fundador explica que  “en nuestro país las leyes sólo tienen sentido si la participación ciudadana genera empoderamiento social, que nos permita sensibilizar e ir tomando conciencia sobre nuestro devenir histórico. En ese sentido, las ONGs patrimoniales acompañamos como mecanismo de alerta temprana, pero nuestra lucha es asimilable a la de David contra Goliat”.

Gracias al trabajo de los vecinos se aprobó en la Legislatura la Ley 2548 que protege a los edificios anteriores a 1941 y realice una prórroga, la Ley 3056. Ahora, todo edificio o conjunto urbano representativo construido o con planos aprobados hasta el 31 de diciembre de 1941, no podrá ser modificado ni demolido sin previa intervención del CAAP (Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales).

“De todas formas, el CAAP se las ha ingeniado para permitir la demolición de más del noventa por ciento de los casos presentados a lo largo de estos últimos años”, advierte Magadán.

En la misma línea opina María Carmen Arias Usandivaras, abogada y cofundadora de Basta de Demoler : “Tanto para el Gobierno de la Ciudad o para los inversores inmobiliarios el patrimonio protegido es un obstáculo y ensayan toda suerte de maquinaciones administrativas hasta que consiguen que los proyectos sean aprobados y los edificios patrimoniales se demuelen o se modifican haciéndolos perder su valor”.

Sorín afirma que luchar contra el avance del negocio  “es un trabajo complejo porque salvo algunas ONGs que defienden el patrimonio, tanto el Gobierno de la Ciudad como los tres organismos que de algún modo tienen que ver con la construcción, votan a favor de la destrucción del patrimonio”.

Asimismo el arquitecto explica que generalmente ocurre que la última palabra la tiene el dueño. “Es ahí donde se produce el hueco que permite la ‘avivada’ de los dueños. Desde las empresas les ofrecen valores exorbitantes por el terreno y entonces a los dueños les conviene tirar abajo todo y vender”.

Además el CAAP para dictaminar la demolición, puede utilizar falsos argumentos como la falta de preservación o el mal estado de la construcción: “Engaños hay un montón y ninguna voluntad del Gobierno de la Ciudad por defender el patrimonio”.

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