La Richmond en terapia intensiva, con una multinacional que empieza a saber qué sintió el Citi. Una carta de SCA sobre lobbies y una audiencia sobre el zoológico porteño.
La confitería inaugurada en 1917 en un elegante edificio de Julio Dormal está cerrada, vaciada y con las vidrieras mal pintadas de cal. Hubo un cartelito de mala fe avisando un cierre “por reformas”, rápidamente arrancado, hubo mozos que se enteraron de que no tenían trabajo por los diarios, y también hubo una mudanza de madrugada en el fin de semana, que incluyó vandalizar las cámaras de seguridad del edificio para que no quedara registro (lo que les salió mal a los vivos). Un desastre que se podría haber evitado si el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, fuera ministro de Cultura y no de Turismo distraído por el festival de tango, y si no le tuviera tanto miedo a su colega de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín.
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Mientras, la firma Nike se encontró con que era el nuevo Citibank, recordado por cambiarle el nombre al Teatro Opera y comprarse un desastre de relaciones públicas espectacular: hasta el gato se enteró de que el teatro ahora es del banco y hasta el gato lo repudió. El Citi aguantó lo que pudo hasta que alguna cabeza más inteligente ordenó devolverle nombre y cartel (protegido en la catalogación, de paso) y cerrar la crisis. No queda claro todavía hasta dónde Nike participa de la operación, pero la marca ya está asociada a un acto de vandalismo patrimonial.
Que no hubiera ocurrido si se aplicara la Ley 1227 de patrimonio cultural. La ley sigue sin reglamentarse, porque Chaín rechazó de plano el proyecto escrito por la secretaria de Patrimonio Josefina Delgado y firmado por Lombardi. El ministro de Cultura se comió el sapo –Chaín manda, Lombardi obedece, Delgado se esfumó– y la cosa quedó en la nada. El tema se nota cada vez que alguien destruye una pieza patrimonial sin sanciones, y se nota en casos como el Gato Negro y el Británico, Bares Notables según la ley pero sin protección efectiva. Esos bares siguen vivos gracias al escándalo y movilización, en los que Lombardi –autoridad de aplicación de la 1227– estuvo cuidadosamente ausente. Esta vez hasta dijo en público que no se podía afectar la propiedad privada…
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Polémica y APH
En su edición del sábado pasado, m2 reveló que la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña recibió una carta firmada por el CPAU y la SCA oponiéndose a la iniciativa de ampliar la APH1. La gran extrañeza al respecto era ver entidades tan disímiles como el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y la Sociedad Central de Arquitectos compartiendo membrete para oponerse a un proyecto de preservación de primer orden. Quienes siguen estos temas saben que ver la sigla “CPAU” en un tema de patrimonio es sinónimo de “me opongo” y que no lo hacen precisamente por idealismo, teorías o modelos urbanos, sino para garantizar la libre piqueta empresarial.