El Ejecutivo porteño también tiene pendiente enviar a la Legislatura el régimen de sanciones y penalidades para quienes dañen o destruyan el patrimonio, crear mecanismos de compensación para los propietarios de los bienes protegidos, y algo también fundamental, implementar la Unidad Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios, donde deben inscribirse todos los bienes culturales registrados en el Gobierno de la Ciudad.
Esto es vital para garantizar su protección, y que no ocurra lo que sucedió con el Teatro Opera o la Confitería Richmond, entre muchos otros casos, que se pusieron en riesgo o directamente se perdieron bienes patrimoniales por la falta de creación de este registro de registros.
En el terreno judicial están en pleno proceso –con medidas precautelares dictadas durante la feria– la protección de los edificios anteriores a 1941 y la situación de protección de la Casa Suiza, y en ambos casos, la Subsecretaría de Cultura tiene mucho para decir.
Otra cuestión pendiente es la implementación del Registro de Cúpulas y Coronamientos Notables, creado por la Ley 2541, que fue sancionada en 2007. Su ejecución implicará proteger numerosos inmuebles valiosos de Buenos Aires.
La aplicación de la ley de Protección Ambiental, que obliga a contemplar en los estudios de impacto la necesidad de “preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y sonora” de la Ciudad, es otra de las deudas que tendrá que enfrentar la nueva subsecretaria, tanto que en representación del Ministerio de Cultura debe integrar la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental.
Finalmente, en la que será, tal vez, la decisión de mayor impacto político, deberá definir a los representantes del ministerio en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, y sobre todo establecer el criterio que deberán seguir a la hora de votar, sobre todo cuando se trate de autorizar demoliciones, que en el caso de los protegidos preventivamente por la Ley 2548 y 3056. Ahora están bajo la lupa de la Justicia, que revisará caso por caso, desde que la doctora Andrea Danas dictó una medida precautelar y el Poder Ejecutivo no apeló la decisión.
