La Legislatura estaría a punto de concederle a una empresa del millonario Eduardo Cohen Watkins, amigo de Mauricio Macri y nuevo dueño del inmueble, una excepción al código urbanístico para construir una torre sobre patrimonio arquitectónico.
Por Andrés Campanelli
En la calle 11 de septiembre 1535 del barrio de Belgrano, hay un petit hotel al que saltó a la fama gracias a las excentricidades del empresario Matías Garfunkel y su ex esposa Victoria Vanucci. Durante los 5 años que duró el matrimonio, la mansión fue tapa de las revistas de la farándula. Si bien el petit hotel no será demolido, una torre de ¨arquitectura parasitaria¨ de 20 pisos podrá construirse en la parte posterior afectando seriamente a todos los vecinos.
Construido en 1925 por el arquitecto José Abuaf en estilo neoclásico, su interior se distingue por contar con revestimientos de mármol, hogar a leña, escalera estilo inglés y detalles en madera de caoba y nogal. La calidad de la obra junto con el hecho de constituir una referencia en el barrio le permitieron a la mansión entrar en el catálogo de edificios patrimoniales con nivel cautelar, ley que lógicamente prohíbe la construcción de torres sobre ellos. Originalmente fue el petit hotel de la familia Breyer, para luego ser sede del Banco Mercantil y más tarde residencia del matrimonio mediático.
Negocios a medida:
Curiosamente, en junio de este año Cohen Watkins creó, junto a la constructora Star Tower, la firma 11DS 1500 S.A, cuya actividad económica declarada en el boletín oficial de la República Argentina es la de constructora-inmobiliaria.
Tan sólo tres meses después, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, remitió a la Legislatura varios convenios urbanísticos que fueron aprobados en primera lectura en tiempo record. Entre ellos se encontraba el convenio 27269130-RL-2021-DGEGRAL, en el que el GCBA habilita a 11DS 1500 S.A la construcción de una torre sobre la residencia protegida de 11 de septiembre 1535. A cambio de este permiso excepcional, la empresa de Cohen Watkins se compromete a pagar una suma de dinero al gobierno porteño.
Según el Código Urbanístico los edificios catalogados por Ley con nivel de protección cautelar se preservan por ¨constituir la referencia formal y cultural del área, justificando y dando sentido al conjunto¨ con el objetivo de ¨proteger la imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias al tejido y la morfología¨ Es decir pueden hacerse modificaciones menores o en el interior que no sean percibidas desde la vía pública. Además, no cuenta con las evaluaciones de impacto ambiental ni de impacto sobre las infraestructuras de los servicios públicos que exigen la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental.
Si bien la casa no es demolida: es un caso más de arquitectura parasitaria: Vecinos y ONGs denuncian que el GCBA autoriza sistemáticamente intervenciones en edificios protegidos que desnaturalizan el patrimonio arquitectónico e incumplen la legislación vigente. Varias de las intervenciones aprobadas en la ciudad crecen como parásitos urbanos; materializan volúmenes que avanzan sobre pulmones de manzanas, jardines y espacios urbanos. Las obras reducen la superficie absorbente y verde además de alterar las condiciones de asoleamiento y ventilación. La arquitectura parásita se sirve del valor urbano del edificio anfitrión para posicionarse en el mercado inmobiliario. Paradójicamente; suelen asociarse el valor patrimonial del bien y su entorno urbano como valor agregado al proyecto inmobiliario.
Convenios Urbanísticos; una herramienta mal utilizada:
Si bien los convenios urbanísticos son, por definición, excepciones al actual código, su objetivo primordial es la de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Son acuerdos en los que el gobierno porteño habilita una excepción a la ley entendiendo que ello implica una mejora en la planificación de la ciudad.
Sin embargo, los convenios en la actualidad no ofrecen una mejora ambiental o en la calidad de vida, sino dinero. “Son leyes que aprueban excepciones inmobiliarias, a medida de empresarios con nombre y apellido, con el objetivo de favorecer los negocios. Literalmente, sectores inmobiliarios están comprando leyes de excepción en la Legislatura, es decir, privilegios”, argumentan Jonatan Baldiviezo, Liana Battino y María Eva Koutsovitis, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hace varios años que los convenios urbanísticos se están utilizando como una vía de recaudación en vez de ser una herramienta para una planificación moderna.
La Legislatura realizará una audiencia pública virtual el 19 de noviembre a las 13hs como paso previo a la sanción definitiva de los convenios con fuerza de Ley.
