Según las autoridades porteñas, en la mayoría de los amparos presentados por los vecinos, la Justicia le termina dando la razón al Poder Ejecutivo. De todas maneras, son muchas las obras que se frenan por un tiempo indeterminado. Y se rehabilitan una vez que los jueces a cargo comprueban que no representa ese «riesgo» respecto de las razones que motivaron tal denuncia.
Una de las primeras grandes obras públicas detenidas en la ciudad fue, en 2008, la peatonalización y modernización de la calle Defensa, desde Plaza de Mayo hasta Brasil. Allí, la ONG Basta de Demoler denunció una violación de la ley de protección patrimonial del Casco Histórico; hubo movilizaciones, denuncias en diversos ámbitos públicos y del gobierno y la presentación de un amparo. Resultado: el gobierno ofreció un acuerdo y se estableció la restauración del adoquinado y veredas con baldosas calcáreas y demás obras de acuerdo con lo establecido en la reglamentación de protección vigente.
Otras intervenciones oficiales paradas fueron, por ejemplo, el proyecto de reestructuración del hospital Rivadavia, que iba a demolerse porque está destruido, y en el cual se propuso su restauración; las obras en el bulevar Olleros, donde se garantizó la preservación del adoquinado; la demolición de las escalinatas del cementerio de la Recoleta, que fue reemplazada, y la cochera subterránea de la plaza Emilio Mitre, en Las Heras y Pueyrredón, donde en un principio se denunció la tala del arbolado, pero luego la obra continuó y se finalizó.
