Es la avivada de siempre, que funciona por la completa indiferencia del gobierno porteño. Basta de Demoler, que no se dedica a inspeccionar nada, detectó solita dos casos alevosos de demoliciones patrimoniales sin cartel de obra, sin permiso y sin planos presentados. Otra vez, el hecho consumado. La casita italianizante está en Virrey Cevallos 1179, entre San Juan y Humberto Iº, en el barrio viejo de Constitución. Allí había un señor que ya estaba trabajando a las ocho de la mañana del jueves 30, tirando los escombros para adentro del lote. El edificio más grande está, por supuesto, en Corrientes 4098, en la esquina del viejo mercado de flores, y aloja una bella farmacia. No queda muy en claro qué es lo que están haciendo los obreros, pero sí que hay volquete y escombros pero no hay cartel ni permiso de obra. Ya que los funcionarios de la Dgroc, que deberían estar controlando estas cosas, no hacen nada, ¿no podría la Uocra controlar y denunciar? A fin de cuentas, sus afiliados son forzados a participar de estos delitos.
ADEMAS:
La batalla cultural
«En este suplemento hemos afirmado en reiteradas oportunidades que la cuestión del patrimonio arquitectónico se incorporó definitivamente a la agenda política, y es un tema más como la salud, la educación o la seguridad. La demostración más clara de esta nueva situación son las numerosas leyes que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se sancionaron en los últimos años. Entre 1996 y 2005, los primeros diez años de existencia de la Legislatura, se aprobaron 44 leyes patrimoniales y entre 2005 y 2009 las normas sancionadas fueron 107. En 2010, sobre un total de 269 leyes aprobadas, 48 estuvieron referidas a la protección del patrimonio arquitectónico, muchas de ellas despachadas en comisión en el período anterior.
Pero a su vez estas leyes contuvieron cada una de ellas una gran cantidad de inmuebles que ahora están protegidos. Durante los primeros diez años parlamentarios sólo se incorporó una cantidad relevante de inmuebles en el Código de Planeamiento Urbano, sancionado en el año 2000. Esta norma incluyó la lista de edificios relevados y protegidos en San Telmo a partir de una ordenanza de 1979 que cristalizó el trabajo del arquitecto José María Peña, y contempló una veintena de áreas de protección histórica, que permanecieron sin reglamentar hasta 2009.
En el último lustro también se aprobaron normas que cambiaron sustancialmente el sistema de protección, y se implementaron y reinterpretaron otras existentes que contribuyeron a modificar los criterios y alcances de la preservación patrimonial.»
(…)
«De todos modos, la batalla principal que han ganado los patrimonialistas es la batalla cultural. Hasta hace poco tiempo era frecuente escuchar a funcionarios, ciudadanos, arquitectos y depredadores patrimoniales, de todo pelaje y color, renegar públicamente sobre las medidas de protección patrimonial y justificar las demoliciones con argumentos que pretendían equiparar construcción nueva con el desarrollo.
Felizmente, la acción ciudadana, la labor de funcionarios y legisladores comprometidos, la atención de la prensa y la intervención eficaz de buena parte del Poder Judicial, cambiaron completamente el panorama, y hoy los depredadores, al menos, se llaman a silencio.
Poco tiempo atrás, la protección patrimonial llegaba justo hasta un paso antes de chocar con los intereses económicos que se le oponían. Es decir, se protegía aquello que de alguna manera no necesitaba protección porque nadie lo quería destruir.
En 2011 ese límite se ha cruzado definitivamente y lo recordaremos por ser el año en que un banco multinacional debió retroceder y restituirle el nombre al Teatro Opera, y en el que una gran constructora tuvo que renunciar a un proyecto inmobiliario, acorralada por los vecinos de Palermo, que no permitieron que se perdiera La Cuadra y La Imprenta. Falta mucho por hacer, por eso no hay dudas de que algo ha cambiado en Buenos Aires.»