La especulación inescrupulosa de las inmobiliarias y las empresas constructoras, y la urbanización leída como negocio, destruyeron construcciones antiguas y tumbaron gran parte de lo que fue el barrio de Floresta hasta hace 10 años atrás. Basta de demoler y Salvar a Floresta son organizaciones que reaccionaron ante semejante barbarie.
La casa de la esquina entre las calles Bacacay y San Nicolás en el barrio de Floresta era imponente y pintoresca. Imposible olvidarla: once ambientes de materiales nobles y detalles logrados de manera perfecta.
Según la Ley 2548 de Protección Patrimonial, la casa, construida en 1920 por el arquitecto Alemán Johansen, debería haber sido
preservada.
Según la Ley 2548 de Protección Patrimonial, la casa, construida en 1920 por el arquitecto Alemán Johansen, debería haber sido
preservada. Sin embargo, y pese a que la organización Salvar a Floresta concretó un proyecto de Protección Cautelar presentado por el diputado Sergio Abrevaya y se movilizó y emprendió marchas junto a otros vecinos del barrio, la casona, expuesta por un permiso de demolición que data del 2006, fue demolida.
Las estructuras edilicias de gran valor patrimonial, tanto públicas como privadas, se supone quedan protegidas por la ley que aprobó la Legislatura porteña en contra de la respuesta a la enloquecida actitud de las inmobiliarias y constructoras de tirarlas abajo para levantar edificios e interminables torres.
Es decir, está prohibido demoler una construcción si sus planos fueron registrados antes de 1941 y el edificio está clasificado dentro de la categoría de “Edificios Representativos”. Los demoledores de la casa de Bahía Blanca y San Nicolás o la de Hipólito Yrigoyen 3664 actuaron entonces sin un permiso legal.
Las estructuras edilicias de gran valor patrimonial, tanto públicas como privadas, se supone quedan protegidas por la ley que aprobó la Legislatura porteña en contra de la respuesta a la enloquecida actitud de las inmobiliarias y constructoras de tirarlas abajo para levantar edificios e interminables torres.
Es decir, está prohibido demoler una construcción si sus planos fueron registrados antes de 1941 y el edificio está clasificado dentro de la categoría de “Edificios Representativos”. Los demoledores de la casa de Bahía Blanca y San Nicolás o la de Hipólito Yrigoyen 3664 actuaron entonces sin un permiso legal.
Pero tanto Salvar Floresta como la agrupación Basta de demoler, siempre los combaten: no sólo el arrasamiento de las casas preciadas del barrio, sino también la construcción desmedida de nuevos edificios y los problemas que generan en cuanto al suministro de los servicios públicos, las casas tomadas, los talleres clandestinos y la contaminación ambiental que provoca la industria textil.
La casa de Dolores 
Ante la venta y posible destrucción de la casa de Dolores 438, de arquitectura gótica y jardines típicos del romanticismo Victoriano de fines del siglo XIX, Salvar a Floresta convocó a una manifestación y quisieron colocar en la puerta un cartel que advirtiera a todo aquel que pretendiera comprarla con fines de demolición, que el inmueble estaba protegido por la ley 3056.
Uno de los miembros de la agrupación comentó que llamó a la inmobiliaria y se hizo pasar por un posible comprador: “Nos comunicaron que por el momento no se podía demoler pero que estaban realizando gestiones para conseguir el permiso. Lo que no queda claro es qué pasa cuando no se expide el permiso. Según nuestra abogada, pasados los 45 días, si no hay dictamen, la casa se puede demoler, pero SOS Caballito dice que no es posible, y la reglamentación de la ley por internet está bloqueada.
¿Qué les resta entonces a quienes defienden el Patrimonio Cultural y los derechos de los vecinos? Presentar notas en la Legislatura de la Ciudad y en la Dirección General de Interpretación Urbanística para solicitar el rechazo frente al pedido de demolición, y fiscalizar sobre la vivienda mientras controlan que nadie tire nada abajo.
Uno de los miembros de la agrupación comentó que llamó a la inmobiliaria y se hizo pasar por un posible comprador: “Nos comunicaron que por el momento no se podía demoler pero que estaban realizando gestiones para conseguir el permiso. Lo que no queda claro es qué pasa cuando no se expide el permiso. Según nuestra abogada, pasados los 45 días, si no hay dictamen, la casa se puede demoler, pero SOS Caballito dice que no es posible, y la reglamentación de la ley por internet está bloqueada.
¿Qué les resta entonces a quienes defienden el Patrimonio Cultural y los derechos de los vecinos? Presentar notas en la Legislatura de la Ciudad y en la Dirección General de Interpretación Urbanística para solicitar el rechazo frente al pedido de demolición, y fiscalizar sobre la vivienda mientras controlan que nadie tire nada abajo.
Para ver más fotos: http://www.flickr.com/photos/44964097@N05/
