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Ene 08

Patrimonio en peligro en la ciudad de Córdoba:

  • 8 enero, 2011
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  • Demolicion Ilegal, Interior del País

Fuente, cadena3

«Denuncian penalmente a Schiaretti por la demolición de Casa de Gobierno» (Por Diario La Voz del Interior)

El titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Raúl Montenegro, denunció hoy penalmente al gobernador Juan Schiaretti por la decisión de demoler la Casa de las Tejas.

La denuncia es por la supuesta comisión de los delitos de “violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

“Lo que se persigue es que se someta a proceso al gobernador y a los responsables porque esta demolición no está permitida por ley y viola disposiciones nacionales, provinciales y municipales”, indicó a La Voz el representante letrado de Montenegro, Carlos Nayi.

La presentación, realizada esta mañana ante la Fiscalía de cuarto turno a cargo de la doctora Dolores Romero Díaz en el edificio de Tribunales II, solicita como “medida urgente” que se detengan las tareas de demolición porque sostiene que son “ilegales”.

El pedido de investigación alcanza también a quienes “directa o indirectamente” hayan participado en la decisión de tirar abajo el edificio.

Montenegro también pide a la Justicia que investigue una presunta defraudación por administración fraudulenta, ya que el Gobierno provincial admitió que en los últimos meses invirtió 1,2 millón de pesos en mejoras del edificio que ahora busca demoler.

Ilegal. La presentación judicial sostiene que la Provincia no cuenta con la debida autorización municipal para demoler el edificio y que esta acción viola disposiciones de la ley de Ambiente n° 7343, porque se omitió el aviso de proyecto y la evaluación del impacto ambiental.

También asegura que se está vulnerando el decreto nacional 1.062/82, que establece que los funcionarios públicos no pueden afectar edificios históricos de más de cincuenta años sin una consulta previa a la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico, y el artículo 65 de la Constitución Provincial, que indica que el Estado es responsable de la conservación del patrimonio cultural.

“La demolición encarada viola derechos culturales y de identidad que son parte integrante de los derechos humanos”, sostiene la presentación.

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