Para no pagar el costo político de borrar la ley de patrimonio, el oficialismo porteño decidió vaciar sus mecanismos con ayuda de sus aliados de siempre.
A fines de año, el macrismo hizo una trampita dura y simple, la de dejar sin despacho de comisión la renovación de la ley 2548, la única que, pobrecita, permite cuidar un poco el patrimonio porteño. Les salió mal, en parte porque le encargaron el tema al poco sutil Cristian Ritondo y en parte por el escándalo que hicieron los patrimonialistas, que rápidamente lograron un amparo. En los siete meses desde entonces, el gobierno porteño tuvo que buscar cómo cancelar los débiles límites a la piqueta. En estos días fríos de invierno se reveló que la estrategia pasa por dejar la ley y vaciar su aplicación. Esto se hizo llenando el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales de enemigos jurados de todo límite, y esta semana removieron por ley a la única persona en ese Consejo que realmente se juega en el tema.
