Licencia para arrasar espacios verdes
En un fallo sorpresivo, un juez modificó la resolución de su antecesor y autorizó al gobierno a construir el metrobús eliminando las plazoletas centrales de la 9 de Julio. Sólo exige que presente un plan de mitigación de los daños provocados.
En forma sorpresiva, un juez porteño le otorgó al Gobierno de la Ciudad una autorización para continuar con las obras del metrobús, avanzando sobre los espacios verdes de la avenida 9 de Julio hasta ahora protegidos por el fallo de otro juez. También le dio vía libre para continuar con la remoción de árboles. La medida se conoció en vísperas del fin de semana largo, de manera que los abogados, legisladores y vecinos que presentaron el recurso de amparo solicitando la protección no podrán apelar hasta el miércoles próximo. Los amparistas denunciaron ayer la “gravedad institucional” de la medida, ya que el juez modifica el fallo de un par, cuando esa atribución le corresponde a la Cámara de Apelaciones. “En el mejor de los casos, el juez ha demostrado falta de idoneidad. Lo vamos a recusar y, si corresponde, vamos a pedir que se le inicie juicio político”, anunció el abogado Pedro Kesselman, uno de los patrocinantes del amparo.
(…)
Las plazoletas que serían afectadas por la obra están ubicadas en el centro de la avenida, desde Belgrano hacia el Sur, hasta San Juan, y desde la avenida Córdoba hacia el Norte, hasta Santa Fe. “Calculamos que son unos 30 mil metros cuadrados de espacios verdes que se van a perder”
(…)
Para los amparistas, la medida es “nula e ilegal” y la forma “unilateral” en que fue adoptada es de “gravedad institucional”. “El juez Fastman, un ‘hombre ligero’ según la traducción de su apellido, desconoce que el sistema judicial argentino tiene una doble instancia, y un fallo de primera instancia sólo puede ser revocado por la Cámara correspondiente”, explicó el abogado Kesselman en una conferencia de prensa, ayer, en la Legislatura porteña. “Esto demuestra su falta de idoneidad: lo vamos a recusar”, adelantó.
El juez además liberó el trabajo de remoción de árboles y rechazó la propuesta de los amparistas de designar un experto de la Universidad de Buenos Aires para supervisar el procedimiento del trasplante. Designó en cambio a los organismos propuestos por el Gobierno de la Ciudad: el Jardín Botánico, la Reserva Ecológica y la Agencia de Protección Ambiental, todos organismos dependientes del Estado porteño.
A los cuestionamientos por la reducción de espacios verdes se agregaron otras objeciones a la obra:
– La superposición de la traza con el recorrido de la Línea C de subterráneos.
– La falta de autorización de la Legislatura porteña para el nuevo recorrido, como ya hizo con el metrobús de Juan B. Justo, mediante una ley.
– La falta de autorización de la Secretaría de Transporte de la Nación para el cambio de recorrido de los colectivos.
– La necesidad de modificar la Ley de Tránsito para permitir la circulación inversa, “a la inglesa”, en los carriles del metrobús.
“Hemos pedido un amparo porque nos sentimos desamparados”, afirmó Livingston, quien pidió a la Justicia “sacarse la venda para ver quién está de cada lado: abogados, arquitectos y vecinos, de un lado, y del otro, un empresario disfrazado de jefe de la Ciudad.”
“Cada estación de metrobús costará 8 millones de pesos –denunció Di Filippo–. Se llamó a licitación a fines de diciembre y los sobres se abrieron el 11 de enero, el mismo día que se anunció el comienzo de las obras.” “El interés del macrismo es debilitar la línea C”, advirtió Bodart. “Es una obra faraónica que se lleva puestos monumentos emplazados por ley”, alertó Camps. “Y hasta una plaza de la cultura árabe, donada por esa comunidad”, completó Neira. “Es el producto de un modelo de gestión urbana autoritario”, definió Lubertino. “Arbitrario y falto de transparencia”, agregó Basteiro. “La ciudad es de todos, no del que gana las elecciones”, concluyó la titular de Basta de Demoler.
