«Algunos pensarán que fue poco lo que se hizo, otros que fue bastante o incluso mucho. Lo cierto es que los historiadores de la política de preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires seguramente identificarán los últimos seis años y medio –diciembre 2005/ julio 2012– como un período de esplendor, sobre todo si se compara con lo anterior y, temo, con lo que viene.
Con este panorama, el único bastión en el Estado porteño que permanece para la defensa del patrimonio es la presencia de Gerardo Gómez Coronado como defensor Adjunto del Pueblo. Y por supuesto también el accionar de las organizaciones de la sociedad civil y la respuesta del Poder Judicial. No mucho más.»