La arrasada avenida Nueve de Julio ya está empezando a tomar su nueva forma, una que ni los diarios aliados al macrismo pueden elogiar más allá de la gacetilla. El “tubo” del metrobus, donde los colectivos circularán al revés –a la inglesa– ya está elevado y el conjunto funciona como un gigantesco lomo de burro para el tránsito transversal. En varias calles hacia el centro, ya se ve el “nuevo microcentro” de los carteles amarillos, esas semi-demi-cuasi peatonalizaciones con bolones de metal brillantes y medio enterrados. Varios árboles fueron discretamente talados, incluyendo al menos dos palmeras, y alguno de los monumentos fueron recolocados. Aunque no del todo: al del Descubrimiento de América, en la esquina de Santa Fe, le faltan elementos y el de la democracia de Gyula Kosice fue “remodelado”. Luego de que las topadoras se llevaran puesto su basamento, reapareció transformado en fuente en la esquina de Marcelo T. de Alvear. Y como todas las fuentes, no tiene chorrito sino unos centímetros de agua sucia y estancada.
Parte de la responsabilidad por este estado de las cosas le puede caber a la Justicia porteña por no haber intervenido de buena forma. Es lo que opinan el defensor general de la Ciudad Mario Kestelboim y el defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña Fernando Lodeiro Martínez, que acaban de presentar nada menos que un recurso de inconstitucionalidad por este tema. El escrito se centra en el amparo pedido por Nidia Marinaro, Mónica Capano y Rodolfo Livingston, que los defensores consideran fue manejado con graves falencias. De hecho, acusan que la sentencia de primera instancia violó la protección constitucional a un ambiente sano y la protección del patrimonio, y que la Cámara de Apelaciones simplemente desconoció el principio precautorio ambiental. Para peor, las sentencias desconocieron que el Ejecutivo se tomó atribuciones que en rigor le caben al Legislativo.
