Columna Completa
Esta situación es aún más grave en la actualidad, porque se encuentran vigentes las leyes 2548 y 3056 de protección especial del patrimonio, que caducan el 31 de diciembre de 2010. Estas leyes protegen preventivamente los edificios anteriores a 1941, pero estos inmuebles requieren para su protección definitiva que se dicten leyes particulares de protección de cada uno de ellos, y muchos de esos proyectos son los que hoy están retenidos por el Poder Ejecutivo.
Es claro y evidente el desapego y desprecio que el ministro Daniel Chaín y su subsecretario, Héctor Lostri, han demostrado por el patrimonio arquitectónico, entonces no resulta extraño que frenen los informes que solicita la Legislatura para sancionar las leyes de patrimonio.
Si faltaran evidencias –la voluntad política se demuestra con asignación de recursos y no con discursos– es suficiente con observar el exiguo presupuesto y la carencia de personal de la Supervisión de Patrimonio Urbano que tiene a su cargo realizar esos informes, previa consulta al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, una comisión cuyos miembros trabajan ad honorem.
La Legislatura debería superar esta impotencia legislativa, tal vez heredada de la inercia institucional del Concejo Deliberante, cuyas facultades legislativas eran limitadas y actuaba más bien como un apéndice del intendente. Es evidente que, si los legisladores no quieren caer en la inconstitucionalidad y el papelón, deben modificar este procedimiento que en la práctica significa estar pidiendo permiso al Poder Ejecutivo para poder legislar y, por lo tanto, rompiendo la lógica de la división republicana de poderes.
Esta situación ha llegado al límite del absurdo, porque entre los proyectos retenidos por el Poder Ejecutivo hay varios presentados por diputados oficialistas que cuentan con consenso de los bloques de oposición.
Y en Floresta y Caballito siguen movilizados
En Floresta siguen enojados con la demolición de la Villa Elizabeth, autorizada sin más por el CAAP, con lo que no pudieron evitar la comparación entre la fulminante velocidad con que se atendió el pedido de permiso para destruir esa casa y la absoluta negativa a escuchar a los vecinos.
Para mostrar todavía más qué diferente es la acción oficial cuando se trata de cuidar a los votantes o de cuidar a los demoledores-especuladores, los vecinos encontraron otro caso. Resulta que a una cuadra de la obra ilegal, en Joaquín V. González 332, una inmobiliaria ofrece en alquiler una casa “ideal para emprendimiento textil” por su cercanía al “centro comercial Avellaneda”. La casa es de esas con frente Mar del Plata, garage, jardincito ahora con reja y persianas, una típica muestra de arquitectura barrial sin mayores valores pero en muy buen estado. El problema es que esa dirección está plenamente en la nueva Area de Protección Histórica de Floresta –Ley 3507, publicada en el Boletín Oficial porteño el 3 de septiembre– y por tanto no puede de ninguna manera ser usada con ningún fin comercial.
