Esta semana el juez Fernando Lima, de la Justicia Contencioso-Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar a un recurso de amparo que presentó la legisladora María José Lubertino hace unos meses, cuando la Confitería Richmond amaneció cerrada. La decisión del juez es muy importante, no sólo porque protege a esta confitería emblemática de la calle Florida, sino porque vuelve a echar luz sobre la inacción del Ministerio de Cultura y en particular de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural en la aplicación de la ley 1227.
Esta ley, sancionada hace casi diez años, estableció el régimen de protección del patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. Pero hasta ahora sigue sin completarse su reglamentación y, sobre todo, las autoridades porteñas se niegan a aplicarla, ejerciendo el poder de policía que la norma les otorga.
Para ser más claros: no se puede vender o hacer ningún tipo de obra sobre estos inmuebles –y bienes muebles– sin que previamente esa operación o intervención sea aprobada por el Ministerio de Cultura.
