En el tramo más emblemático, se anuncia la desaparición de un inmueble en Av. Alvear 1628, y su reemplazo por otro, más alto, más nuevo y sin ningún atributo que lo habilite para estar allí. Nos preguntamos qué parte del Área de Protección Histórica no se entiende.
También nos intriga cómo se obvia el Código Urbanístico, casi recién horneado por la mayoría gobernante en la Legislatura y se contradice su letra que es bien clara:
“Art. 3.7.27. APH30 – Av. Alvear y su entorno, g) Fachadas: Las intervenciones en las fachadas además de respetar sus líneas generales de composición no descuidarán la armonía del conjunto en el uso de colores y texturas, tomando como referencia las líneas predominantes de la cuadra a la que pertenece.
Los planos deben indicar, dimensionamiento de sus partes, materiales, color y textura. El Organismo Competente tiene como misión el contralor de la coherencia arquitectónica, su armonía de conjunto, evitando contrastes que resalten la unidad sobre el conjunto.”
Será que el Organismo Competente no sabe reconocer la coherencia arquitectónica, no sabe que es un conjunto, no registra los contrastes o no comprende el texto:
«APH30 Carácter: El particular agrupamiento de los edificios de Av. Alvear genera un conjunto que a pesar de la diversidad tipológica, logra conformar un eje de lectura uniforme de alta calidad arquitectónica y ambiental.»
En medio de la ola de Convenios Urbanísticos presentados por el Gobierno de la Ciudad, que pretenden saltarse las normas de alturas donde sea, nos inclinamos a pensar que esta es una nueva embestida en el mismo sentido, favorecer a los especuladores inmobiliarios a cambio de la pérdida, de alta calidad arquitectónica y ambiental, de bienes patrimoniales irrecuperables y de nuestra identidad.
Exigimos, junto con otros 16,000 firmantes, que se realice una auditoría al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales y a la Dirección General de Interpretación Urbanística. A pesar de las irregularidades documentadas por los vecinos, ONG y los fallos de la Justicia, vemos con alarma la discrecionalidad y falta de transparencia con que estos organismos deciden qué edificios se conservan y cuáles no.
