Todo lo que protege el patrimonio se debe a la movilización de los vecinos, con muy escasos políticos y rarísimos funcionarios que perciban que los tiempos cambiaron. Es una de esas áreas en que el Estado va atrás de los ciudadanos y no distingue entre intereses creados y asesoría profesional. La maltratada ciudad de Tucumán acaba de mostrar un ejemplo clínico de cómo están las cosas, con sus vecinos logrando que su comisión local de patrimonio diera marcha atrás en un permiso de demolición y después perdiendo la partida por razones oscuras.