Hace once años, cuando este suplemento comenzó a tratar el tema de la preservación del patrimonio, la reacción de funcionarios y empresarios era confianzuda, sobradora. Patrimonio era nostalgia, romanticismo, algo alejado de la vida real de números, ganancias y “progreso”. Estos “realistas” deben estar sorprendidos por los cambios de esta década en que los ciudadanos dejaron de aceptar pasivamente que Buenos Aires sea nada más que una escena de negocios ajenos. Para los especuladores, esta ciudad es un Amazonas a talar para hacer muebles y sus habitantes los macacos que no tienen voz ni voto.
La herramienta que hace notar este cambio pasa por la Justicia, la palanca con que los vecinos lograron frenar tanto a los especuladores privados como a sus socios del gobierno porteño, salvando edificios y ámbitos. Como se sabe, Mauricio Macri es un empresario de la construcción, como lo son sus ministros y directores generales de peso real, lo que explica que se rehúse a controlar la industria aunque haya muertos. En sus cuatro años de gobierno no invirtió en crear la capacidad de inspeccionar ni envió leyes creando castigos reales. Lo que dejó al amparo como única manera de frenar los negocios a costa del público.
La plaza Intendente Alvear sigue a medio cerrar, con las obras del subte H paralizadas. La residencia Bemberg en la calle Montevideo estuvo parada por años, aunque ahora viene la venganza de sus dueños que lograron la aprobación de un proyecto francamente horrendo. Y la Confitería Richmond es el nuevo caso: esta semana, la Justicia porteña confirmó el amparo que la tiene en stasis desde agosto e impide que Nike la transforme en local.
El fallo es importante porque es en apelación. La Justicia le hizo lugar a un amparo en agosto basado en argumentos francamente novedosos. El local de Florida al 400 es la planta baja de un edificio y nadie habla de demolerlo, el peligro tradicional, con lo que los argumentos del amparo pasan por la conservación de un Bar Notable de la ciudad.
Es previsible lo que opinan los especuladores de algo así, pero no lo era lo que opinaría un juez. La distinción de Bar Notable le da cierto status de cosa protegida a los cafés y el caso del Británico dejó asentado que estas cuestiones son asunto público y no apenas entre privados. Que la Cámara porteña confirme la cautelar refuerza la validez de estos argumentos y abre un nuevo campo de acción para frenar piquetas y especulaciones.
Y el mensaje, por supuesto, es que ya no puede darse por hecho cualquier negocio, como no puede darse por hecha una demolición patrimonial, por falopa que sea el actual sistema de preservación. Los límites van creciendo cada vez más y se van haciendo más sólidos gracias a los vecinos y a las ONG como Basta de Demoler. Los políticos que ven esta temática todavía son escasos, pero a medida que crezca y se haga todavía más clara se irán acercando. De todos modos, los argumentos legales son particularmente críticos cuando se trata de estas cuestiones.
Como toda construcción política, estas cosas toman tiempo y trabajo. Este martes se da otro paso con una reunión informativa para vecinos inquietos: “¿Cómo participo de una audiencia pública para defender el patrimonio de mi barrio?”, es una charla para explicar cómo usar este instrumento político en el que los legisladores porteños tienen que escuchar a los vecinos antes de votar ciertas leyes. Ya está comprobado que los diputados usan las audiencias para medir la bronca en sangre que causan ciertas iniciativas, con lo que se logran resultados. El encuentro es a las 18 en el auditorio de la UTE, Bartolomé Mitre 1984.
