Las medidas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires disponga como respuesta al anuncio del próximo cierre de la confitería Richmond y su transformación en una tienda de venta de zapatillas importadas, permitirán dilucidar dos cuestiones.
La primera es saber si el Ejecutivo porteño va a hacer cumplir la ley. La segunda, si la condición de “Capital Cultural de América Latina” que le auguran a Buenos Aires es apenas un slogan. O si, por el contrario, el Ministerio de Cultura está dispuesto a preservar el patrimonio cultural frente a los intereses económicos inmediatos y mezquinos, para garantizar el ejercicio de un derecho colectivo de carácter constitucional.
La confitería Richmond es un Bar Notable, eso es indiscutible, y conforma con su edificio y su uso –confitería– un patrimonio material e inmaterial indisoluble. Junto a otros bares también notables, representan uno de los caracteres más distintivos del patrimonio cultural porteño.
La figura de “Bar Notable” tuvo sus orígenes en un libro publicado en 1999, impulsado por la entonces subsecretaria de Cultura Teresa de Anchorena, que reunió algo más de 40 bares y confiterías históricas de la Ciudad de Buenos Aires. Al puntapié inicial le siguió la sanción de la Ley 35, que creó la “Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires”, integrada por los sectores público y privado.
No hay duda: la confitería Richmond está protegida por la Ley 1227 y su preservación como bien integrante del patrimonio cultural porteño o su desaparición sólo depende de una decisión del Ministerio de Cultura de la Ciudad que pasa por cumplir o no la ley. A los funcionarios que no la cumplen, el Código Penal les tiene reservado un artículo.