«Hace ya casi cuatro años que se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires la ley 2548, que estableció un régimen especial de protección para los edificios anteriores a 1941 dentro del polígono propuesto a la Unesco como patrimonio mundial, para los “edificios representativos” listados por el Ministerio de Cultura y para los que hubieran obtenido un Premio Municipal. Luego, con sucesivas modificaciones de plazos y extensión de la jurisdicción, se mantuvo la vigencia y se aplicó a toda la ciudad.
En aquel momento y en los sucesivos debates aparecieron voces que anunciaban una crisis del sector de la construcción, desempleo y otras calamidades si se aprobaba la norma. La misma cantinela se escuchó recientemente en La Plata, donde se suspendió la aplicación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano, y en muchas otras oportunidades en las que se avanzó con leyes de protección patrimonial.
Son varias las ciudades que a fuerza de reclamo ciudadano han ido incorporando medidas protectoras en los últimos años, y ninguno de los desastres anunciados parece haberse confirmado. Tal vez porque lo que no se dice es que la protección del patrimonio también genera empleo en el subsector de la restauración, y también en muchas otras áreas sí se lo revitaliza y se lo utiliza como un recurso económico y cultural.»
«Lo lamentable es que este crecimiento no se vea reflejado en la Ciudad de Buenos Aires en el destino de fondos para obras de protección del patrimonio arquitectónico y para compensar a los dueños de inmuebles catalogados.
Esto no sucede porque el Poder Ejecutivo porteño sigue sin reglamentar el Fondo de Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados (Ferec), donde debería ingresar el 15 por ciento de todo lo recaudado en concepto de tasas de delineación y construcción. Una cifra muy considerable si tenemos en cuenta el boom de la construcción y lo comparamos con los magros presupuestos de las áreas de patrimonio en el Gobierno de la Ciudad.»
