El director general de Interpretación Urbanística se destaca por su creatividad para blanquear irregularidades y permitir obras nuevas.
Aunque parezca mentira, el gobierno de Mauricio Macri sí posee algunos funcionarios notables por su astucia, si no por su inteligencia. Un caso es el de su director general de Interpretación Urbanística y Registro, arquitecto Antonio Ledesma, un verdadero creativo a la hora de interpretar lo urbanístico a favor de la industria inmobiliaria especulativa. Este mes, el Boletín Oficial publicó dos disposiciones de Ledesma que autorizan obras con argumentos preocupantes para el público y –deberían serlo– para el funcionario, que francamente firma todo.
El primer caso es del viejo asilo de Sánchez de Bustamante 2351, cerquita de Pacheco de Melo, un rincón de la ciudad justo atrás del Hospital Rivadavia, que sufrió una especie de ataque colectivo de los especuladores. Casi simultáneamente se vendió y se demolió la esquina francesa de planta baja con local –una linda casa de té– y primer piso, con la increíble autorización del increíble Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que “desestimó” un edificio de época intacto. Como previó un vecino en una pintadita anónima sobre el cartel de obra, se iba a construir “otra caja de zapatos” sin talento y sin el menor amague de arquitectura.
Mientras ocurría esto, el asilo iba siendo demolido de adentro para afuera, sin permiso de ningún tipo. Los vecinos protestaron airadamente ante esta obvia ilegalidad, pero lo único que lograron –ayudados por la Defensoría del Pueblo y por Basta de Demoler– fue que un par de tímidos inspectores fueran al lugar. Lo de tímidos va porque el cuidador no los dejó entrar y se retiraron sin “comprobar” el ilícito, cosa que este suplemento y cualquier hijo de vecino pudo hacer mirando por las ventanas abiertas.
Nada de esto le importó al arquitecto Ledesma, que emitió una disposición donde cita interminables parrafadas técnicas sobre ocupación del terreno, “esquemas compensatorios de volúmenes”, retiros, pulmones de manzana y otras cosas seguramente aplicables a un lote vacío. Pero sobre la demolición en sí se escuda en una resolución de su jefe Héctor Lostri, secretario de Planeamiento Urbano, que en 2010 se tomó otra vez la libertad de sacar por mano propia al asilo del catálogo preventivo, hábito que debería ser de interés penal. Los fundamentos eran que el edificio estaba muy deteriorado, con “corrosión” en sus hierros y humedades.
Así cubierto, Ledesma procede a “considerar factible desde el punto de vista urbanístico y en un todo de acuerdo en los considerandos” a la futura torrezota a erigir en el terreno de 1600 metros cuadrados.
Otro caso en el que impunemente se demolió sin permiso, se dejó caer las ruinas y se obtuvo un blanqueo. Ni siquiera hubo una multita.
