Los vecinos de Flores y Floresta están francamente ofendidos. Según parece, en los cafés de la zona ya se habla de que las coimas deben ser baratas para el barrio, o que directamente el gobierno porteño ni se da por enterado. Es que los ilícitos edilicios ya son tan blandos, tan comunes, que se llega a la conclusión de que es gratis.
Por ejemplo, con la demolición del Almacén de Alonso, en la esquina de San Nicolás y Aranguren, la bella pieza de la foto. Este edificio de un tipo que fue muy común pero ya es rarísimo en esta ciudad destruida, desapareció en un fin de semana. Lo destruyeron de adentro para afuera y para el lunes quedaba un coqueto lote para construir.
Lo amargante del caso es que estaba protegido. Por un lado, ya estaba en el catálogo preventivo de la Ciudad, inhibido de todo trámite por ventanilla. Por otro, el necio CAAP había recomendado su preservación, demostrando que hasta ellos tienen límites. Y para mejor, el diputado Alejandro Amor había presentado el proyecto de catalogación 2114-D-2012, que ahora seguirá durmiendo en los cajones de la paralizada Comisión de Patrimonio de la Legislatura.
Esta triple protección no salvó al almacén, porque los especuladores se saben protegidos por el gobierno porteño. En sus seis años de gobierno, Mauricio Macri demostró sobradamente que ni en sueños le va a poner límites a “su” industria, la única en la que alguna vez tuvo algo parecido a un empleo real. Las sanciones para este tipo de desobediencia rentable son risibles, con multas que no se ajustan hace añares y una sola y débil sanción, la de no poder construir más que un fragmento de la superficie destruida sin permiso.
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