Ha tenido gran repercusión pública el movimiento cívico que surgió en Tucumán en defensa del patrimonio histórico, a partir de la decisión de la Legislatura de esa ciudad de desafectar de la protección con la que contaba un conjunto de edificios de valor patrimonial.
La decisión del Gobierno de Tucumán no deja de sorprendernos en un contexto en que organizaciones civiles, ciudadanos y gobiernos están promoviendo la protección de los edificios antiguos, tanto a nivel nacional como internacional.
Sobran los ejemplos que muestran cómo en los países más desarrollados, los gobiernos nacionales y provinciales no sólo protegen sus edificios antiguos sino que invierten importantes sumas para sostenerlos y mantenerlos en condiciones, Estamos hablando de edificios tanto del siglo XIX y XX como antiguas edificaciones varias veces centenarias.
En el ámbito nacional, en la ciudad de La Plata -a manera de ejemplo- la última gestión del intendente Julio Alak
decretó a fines del año pasado, la protección de más de 2000 edificios considerados de valor patrimonial. El conjunto engloba tanto construcciones relevantes como viviendas familiares que se consideran representativas de la arquitectura de distintas épocas de esa ciudad.
En sintonía con las normas internacionales de protección del patrimonio arquitectónico, nuestra Constitución es clara: “Los habitantes de la Nación gozan del derecho a un ambiente sano y tienen el deber de preservarlo para las generaciones futuras”. Y agrega: “Son las autoridades quienes proveerán a la preservación del patrimonio cultural, y corresponde a cada provincia dictar las normas que contengan los presupuestos de protección” (art. 41 de la Constitución Nacional).
Ante un caso como el de Tucumán, donde quien debe velar por la protección del patrimonio, promueve su enajenación, el rol de los ciudadanos como promotores de protección cobra relevancia. Volviendo a la Constitución, ella especifica que cuando los ciudadanos ven amenazados derechos comunes amparados por la Constitución -como es el derecho a un ambiente y a la preservación del patrimonio para las generaciones futuras-, están en derecho de accionar ante la justicia para salvaguardar el patrimonio común.
El patrimonio arquitectónico forma parte del ambiente, y, de la misma manera que un bosque nativo que se tala, nunca más podrá ser restituido, la desaparición de valiosas construcciones hechas por el hombre, tampoco serán reconstruidas: se pierden para siempre
Más allá de la responsabilidad que le compete a las autoridades en la preservación de estos edificios para el bien común de la ciudad, se debe tener en cuenta la relevancia a nivel económico del patrimonio arquitectónico como atractivo turístico Recientemente ha salido publicado en medios nacionales la importancia de la actividad turística como fuente de recursos genuinos en nuestro país. Uno de los atractivos principales de las ciudades en su paisaje urbano, constituido por sus edificios, sus parques y sus expresiones culturales tangibles.
Consecuentemente, que el Estado se desprenda de estos edificios invaluables constituye a futuro una pérdida económica para el propio Estado, una pérdida de un recurso irrecuperable y un daño a toda la sociedad.
Animados por los éxitos obtenidos en nuestras últimas acciones en pos de la protección de edificios históricos en Buenos Aires, los integrantes de Basta de Demoler queremos alentar a los ciudadanos y gobernantes de Tucumán a recurrir a todas las instancias para que Tucumán no pierda magníficas obras representativas de su patrimonio edilicio y cultural.
Basta de Demoler!
Santiago Pusso – Coordinador
