Más de una vez nos referimos en esta columna al incumplimiento del Ministerio de Cultura porteño en la implementación del artículo 10º de la ley 1227, que creó la Unidad Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios (Utcicri).
La Utcicri es un registro de registros, allí deberían estar inscriptos todos los bienes culturales de la ciudad. Esto es: los inmuebles catalogados por aplicación del Código de Planeamiento Urbano, los que tienen declaratorias nacionales en el marco de la ley 12.665, los que expresamente fueron declarados en las categorías de la ley 1227 y todos los bienes culturales registrados en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto último por aplicación del artículo 9º, inc. b) de esa misma ley.
En esta última categoría entran cientos de miles de bienes que hoy deberían estar registrados y protegidos y que no lo están por la desidia de las autoridades que tienen la obligación de aplicar esta norma.
Varios son los registros que están en esta situación: el de bares y confiterías notables (ley 35), los murales (leyes varias), el de cúpulas y encoronamientos notables (ley 2541), y el de calesitas y carrouseles (leyes 2554 y 3217).
En el caso de las cúpulas la gravedad es mayor porque ni siquiera se ha creado el registro que ordena la ley, a pesar de que un estudio de arquitectura le hizo llegar en 2008 un pormenorizado relevamiento al ministro Lombardi. Cada edificio que se demuela con una cúpula o encoronamiento notable en la ciudad es, desde 2007, responsabilidad directa de las autoridades del Ministerio de Cultura.
Por este incumplimiento ha sido necesario que se aprueben leyes como la impulsada por el diputado Cabandié, que comentamos la semana pasada, en la cual se dispone la catalogación de varios edificios por el valor de sus cúpulas. Una vez más la Legislatura se ocupa de cubrir los “baches” que deja el Poder Ejecutivo porteño.
