Esta semana, hubo dos paquetazos porteños respecto del patrimonio. El primero fue presentado el lunes y es un proyecto de los diputados porteños Pablo Bergel y Julio Raffo, de Proyecto Sur, para proteger 2798 edificios que perviven en ese limbo llamado “catálogo preventivo”. La idea es catalogarlos en serio, por ley, y sacarlos de un peligro inminente. Resulta que este número, 2798, surge de 162 resoluciones administrativas firmadas por los subsecretarios de Desarrollo Urbano desde enero de 2007 hasta enero de este año. La mayoría las firmó el inefable secretario –-ascendido y único en todo el gobierno porteño– Héctor Lostri, que también tiene el hábito de firmar las “desafectaciones”. Según su lógica, si él firma la resolución para poner algo en el catálogo preventivo, también tiene la firma para sacarlo.
Esto no es cierto en absoluto, porque la mayoría de esta lista está compuesta por edificios a los que se le pidió la demolición, pero fueron protegidos por el CAAP, o por piezas que figuran en proyectos de ley en tratamiento. Que se hayan juntado casi 3000 habla de la fiaca prodigiosa del Ejecutivo porteño y de la baja prioridad del tema en la Legislatura, que nunca parece tener tiempo para votar los proyectos.
Para presentar la movida se organizó un coloquio en el que hablaron el defensor del pueblo Adjunto Gerardo Gómez Coronado, la jueza porteña Andrea Danas, la presidenta de Basta de Demoler María Carmen Usandivaras y el referente de la Protocomuna Caballito y asesor de Proyecto Sur Gustavo Desplats. El tema central fue la desprotección que se busca solucionar con una ley “útil y necesaria para suplir las carencias normativas”, como resumió Gómez Coronado.
Al día siguiente, con la pompa del salón dorado del edificio de La Prensa, se presentó la contracara de todo eso. La Ciudad se permitió afirmar que hay 17.347 edificios protegidos en Buenos Aires, número que nos pone sextos en el ranking mundial. Ambas cuestiones son falsas, porque muchas ciudades tienen muchos más edificios protegidos por entorno, ya que no usan en sistema de catalogación uno por uno, como nosotros, y porque el gobierno porteño infló la cifra poniendo adentro todo lo que haya en un Area de Protección Histórica.
La cosa se desarma al desagregar los números. En esta capital hay 70 edificios con protección integral, 804 con estructural y 5066 con cautelar, lo que protege apenas la fachada. El resto del número se infla con 7450 “especiales”, lo que simplemente no es cierto. La categoría especial se aplica a edificios sin valor intrínseco, pero que tienen un valor histórico particular, como por ejemplo el Olimpo, chupadero atroz pero simple galponcito de barrio.
Que Daniel Chaín, el proceloso ministro de Desarrollo Urbano porteño, haya presentado con orgullo este trabajo de la FADU/UBA ya da una idea de a dónde termina todo esto.