El secretario de Planeamiento Urbano, constructor profesional y socio comercial de su jefe, Héctor Lostri, insiste en que hizo bien en autorizar a los curas de la iglesia de Guadalupe a demoler una residencia protegida como patrimonio. Lostri tiene la firma más que fácil a la hora de decretar la destrucción de edificios protegidos y siempre tiene una excusa. Esta vez, afirmó que autorizó la demolición porque se lo pidieron, repetidamente, los vecinos. Lo que se dice un pedido popular.
Pero resulta que la obra está paralizada por un amparo llevado adelante por el defensor judicial Andrés Gallardo, que esta semana recibió un refuerzo contundente. El consejo consultivo de la Comuna 14 le entregó a Gallardo, y al juez del amparo, una carta explicando taxativamente que ningún representante de los vecinos le pidió semejante cosa a Lostri. De hecho, los firmantes se permiten dudar de la palabra del secretario, al que definen también como un defensor de las demoliciones. Y aclaran que es la comuna la que representa, por el voto, a los vecinos y no un funcionario nombrado.