¿Por qué el CAAP “reconsideró” un dictamen en el que decían que el inmueble tenía valor patrimonial? ¿Por qué votó el representante de una organización que tenía voz pero no voto? ¿Por qué el Sr. Ledesma “desempató” sin haber participado de las reuniones? ¿Por qué el Ministerio de Desarrollo Urbano demoró tres meses y no elevó el proyecto al jefe de Gobierno para que sea remitido a la Legislatura? ¿Por qué el expediente no siguió su trámite normal luego del primer dictamen del CAAP y volvió dos casilleros para atrás? Estas y otras preguntas son las que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y los miembros del CAAP –todos ellos funcionarios públicos– deberán responderle a la Justicia.
La Legislatura, por su parte, debería poner manos a la obra y elaborar un proyecto de ley para crear el Consejo de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, para que, al igual que sucede en otros países y ciudades del mundo, sea un organismo autónomo, profesional, rentado, respetado y prestigioso, quien decida sobre el destino de los inmuebles valiosos.
