La Boca está siendo demolida por la vibración de los camiones de carga, mientras la comedia del Zoológico porteño suma un nuevo capítulo.
El defensor adjunto del Pueblo, Gerardo Gómez Coronado, está trabajando con los vecinos de La Boca desde hace tiempo, y no le faltan cosas que hacer. Los boquenses lo contactaron con una verdadera agenda que va de ocupaciones de espacios públicos a temas de seguridad, pasando por problemas sociales, de vivienda y tránsito en ese barrio tan abandonado de gestión municipal. Una de sus últimas actuaciones hace a una irresponsabilidad casi trágica y plantea un marco legal que puede ser determinante para la legislación de patrimonio.
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Esta semana se cumplió un año desde que se venció la concesión del Zoológico porteño, que sigue boyando, pero cobrando entrada en manos privadas. La desprolijidad es tal que el gobierno porteño prorrogó en enero de 2011 el contrato por seis meses, pero hace medio año que no hay contrato, ni prórroga, ni nada. Esta semana, el Ejecutivo anunció el miércoles que hará otro truco contable, el de abrir una licitación operativa por cinco años y no por diez, lo que le evita tener que ir a la Legislatura para que se la aprueben. Es otro síntoma de la curiosa desconexión entre el Ejecutivo y el bloque oficialista legislativo, con Mauricio Macri vetando leyes que no sólo votaron sus diputados sino que en varios casos eran proyectos propios.
