Seguramente los lectores de m2 estarán aburridos de leer en esta columna el reclamo por el incumplimiento en el que incurre el gobierno porteño desde hace una década, por no enviar a la Legislatura un proyecto de ley para crear un régimen de penalidades que sancione a quienes violentan la Ley 1227. Hace unos meses hubo una luz de esperanza cuando el diputado Maximiliano Ferraro, cansado de esta demora inexplicable, presentó una iniciativa para establecer “el Régimen de Penalidades para la Protección del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Algo similar habían hecho, tiempo antes, los diputados Patricio Di Stefano y Fernando Sánchez.
Lo cierto es que han pasado los meses y la ley sigue sin aprobarse, y por lo tanto quienes burlan la Ley de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires –incluidos los funcionarios, a los que además les cabe una sanción prevista en el Código Penal– no tienen ningún castigo.
