Organizaciones dedicadas al cuidado del patrimonio presentarán hoy una acción de amparo en la Justicia de la Ciudad, tendiente a que se proteja a unos 140.000 edificios anteriores a 1941.
Lo harán ante la inminente caducidad de la ley porteña 2.548, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre y obliga a pedir una autorización para demoler edificaciones porteñas de 70 años de antigüedad.
Las organizaciones hicieron ayer al mediodía un acto para reclamar que se defienda el patrimonio porteño frente a la confitería del Molino, un símbolo que está cerrado desde 1997. Ayer, la Ciudad anunció que intentará expropiar el tradicional salón de Callao y Rivadavia para recuperarlo y luego reabrirlo.
“En la acción de amparo también vamos a pedir al juez que le ponga un plazo al Gobierno de la Ciudad para que termine la evaluación de los edificios con valor patrimonial. La están demorando porque favorece la especulación inmobiliaria”, dijo María del Carmen Usandivaras, de Basta de Demoler, una de las organizaciones que se movilizó ayer.
El ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Daniel Chain, rechazó que el Gobierno no se ocupe del patrimonio porteño y aseguró que la actual gestión promovió la protección de más de 10.000 propiedades en Buenos Aires. Los diputados macristas, de todas maneras, se negaron a tratar la prórroga de la ley 2.548 de protección en la Legislatura.
