“Para liberar terrenos” (Página12)

March 15th, 2015

El Círculo Obrero de Santa Lucía, en Barracas, vuelve a estar en peligro, porque el macrismo, en lugar de cumplir la ley, busca cambiarla. Un ejemplo clarísimo de las prioridades de su gestión.

El gobierno de Mauricio Macri nunca pudo digerir el todavía débil andamio de protección al patrimonio porteño. Por sus intereses económicos, por los de sus amigos y colegas del sector, y por la ideología zonza y conveniente que defienden tantos profesionales, la idea de patrimonio del macrismo es la del monumento en la plaza, la iglesia antigua, alguno que otro edificio público que no se puede demoler de todos modos, y grandes edificios que no es negocio destruir, por grandes nomás. El resto, las casas y los pequeños edificios que forman el tejido porteño, son culpable de “no realizar su carga edilicia”, la manera elegante de señalar que son un negocio perdido porque ahí se podría hacer un edificio alto.

Es por eso que el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales parece un Opus Dei de la piqueta y lograr que sea menos blando es una lucha de titanes, como bien sabe Jaime Sorín. Y es por eso que el macrismo en funciones odia a grupos como Basta de Demoler y busca callarlos con un juicio y brutal. Y es por eso que Macri en persona firmó el proyecto de ley 3541-J-2012, que la Comisión de Planeamiento de la Legislatura ya aprobó, disciplinada con los intereses que representa. El proyecto busca sacar de la lista de protecciones a varios cientos de edificios con protecciones cautelares y liberar cientos de negocios para el sector. Que se haga a costa de la misma identidad física de los porteños, de su ecología construida, es irrelevante. Hay buenos cheques en camino.

Para demostrar el nulo nivel intelectual de la idea y dejar en claro que se habla de dinero puro y duro basta ver la denuncia de Proteger Barracas sobre un edificio que la ONG defendió y defiende con particular amor. Es el Círculo Obrero de Santa Lucía, que tiene la desgracia de estar sobre una avenida, Montes de Oca 318, pleno Barracas y sobre un terreno que da para una gran torre con sus más de catorce metros de frente y más de setenta de fondo. El Círculo fue picado, asediado, vandalizado para ser demolido por gente que sabe lo que hace y sobre todo lo que quiere. Y ahora el mismo jefe de Gobierno lo incluye en su proyecto afirmando que carece de valores patrimoniales e históricos.

Esta fallutada puede ser desmentida, irónicamente, usando documentos del mismo Gobierno porteño que preside el ingeniero civil Macri. La lista de edificios a liberar fue compilada por la sección “realista” de la administración porteña, la que representan el ministro Daniel Chain y su secretario Héctor Lostri, cabezas de la “línea de la industria” que va del mismo jefe “al último de los directores generales”, al decir famoso de Lostri. Y es verdad, de Macri al “último”, son todos profesionales en esto de demoler y construir del modo más especulativo posible. Nunca hay que olvidar que la única vez que Macri Jr. tuvo algo parecido a un trabajo en la vida real fue como cabeza de la empresa familiar dedicada a la construcción.

El problema es que la sección “idealista”, la de Cultura, fue capada y condenada al silencio en materia patrimonial, pero le permitieron seguir en su actividad más tradicional, la de hacer informes y publicar libros. Esta es una suerte de paritaria para funcionarios, donde los “realistas” hacen y cobran, y los “idealistas” escriben, suspiran y van a congresos, si es posible en el exterior. Con el ministro de Cultura que tenemos, se garantiza por completo que el sistema funcione sin protestas audibles. Lo que explica que el PRO cuelgue hasta en Facebook que el bochorno de la Richmond fue un éxito de su gestión… Pero a la vez quedan los libros y los informes, que ahora desmienten a Macri.

Por ejemplo, el Atlas de Edificios Catalogados, 2010-2011, publicado por la propia Ciudad, que incluye en su página 184 incluye el Círculo y su vecino de medianera de Montes de Oca 330. O el completo informe compilado en abril de 2011 por Leonel Contreras y revisado nada menos que por Graciela Aguilar, una arquitecta con tantos años de función municipal que ya tiene un sí telepático. El informe es clarísimo a la hora de recomendar la catalogación del Círculo y fundamentarla en ley. Vale la pena repasarlo, para que los legisladores votantes se acuerden.

El edificio de Barracas es parte de un sistema de cinco edificios de diversas épocas en nuestra ciudad, sedes de una institución fundada por el cura alemán Federico Grote, que llegó a Argentina en 1884 como misionero redentorista y, otra nota de patrimonialismo, se alojó en el también acosado Convento de Las Victorias, en Libertad y Paraguay. Grote funda el primer Círculo de Obreros Católicos en 1892, meses después de la publicación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, antecedente de la Doctrina Social de la Iglesia y el primer documento en que se permite que los católicos se sindicalicen. La sede de Barracas es de las primeras en el país, con una primera sede en Montes de Oca al 900 desde 1894 y la actual desde 1905.

El edificio del 318 es, como dice el informe, eclecticista, tiene dos niveles, alguito más de mil metros de superficie cubierta y su primer piso básicamente intacto. Como el edificio es “un referente del barrio de Barracas” y pese a que está en un “área heterogénea” –en castellano, rodeado de torres abominables– se destaca “su valor referencial en la identidad de Barracas”. Y pese a que fue intervenido y remodelado en varios lugares, conserva su gran salón-teatro y “los rasgos fundamentales del cuerpo que da hacia el frente”. En conclusión, el documento recomienda reconocer como Sitio Histórico a los cinco edificios de los Círculos por estar “vinculados con acontecimientos del pasado” y ser “de destacado valor histórico, antropológico, arquitectónico, urbanístico y social”.

Que se sepa, este informe no fue repudiado, ni cancelado, ni derogado por Macri o sus minions, con lo que la explicación a las ganas de desproteger el Círculo Santa Lucía debe buscarse en otras pulsiones. El edificio casi fue demolido en 2011, lo que fue evitado por la Legislatura en parte basándose en el informe ya citado y en mucha parte por la fuerte oposición de los vecinos a su demolición. El edificio llegó a tener un cartel anunciando un edificio de 38 metros de altura más dos retiros, con quince pisos de palomar con 65 departamentos de uno, dos y tres ambientes en la patética estética que se usa hoy en día. Como no se pudo hacer, el edificio fue sistemáticamente vandalizado. Primero fueron dos fletes que se llevaron desde los sanitarios hasta puertas y ventanas. Luego le dejaron los ventanales abiertos, para que entre la lluvia y la mugre. Y luego hasta organizaron una oportuna ocupación, con supuestos carenciados que no convencieron mucho porque se olvidaban de los parlamentos que les habían dado para justificar su presencia.

Como nada de esto funcionó, se apostó a la paciencia y los buenos contactos. El macrismo no hizo nada al respecto, y mucho menos cumplir con el Régimen de Penalidades del Patrimonio Cultural de la Ciudad, sancionado a fines del año pasado y promulgado en enero de 2014. El primerísimo párrafo de este Régimen dice que quien rompa o deje que se rompa un bien cultural “deberá proceder a la reparación de los daños causados o a la reconstrucción de los bienes afectados de conformidad a los documentos existentes y con la intervención de los organismos competentes”. También corresponden multas de veinte a cien mil pesos para faltas menores, inhabilitación para los profesionales involucrados, y multas de entre 240.000 y 600.000 unidades fijas a quien destruya “total o parcialmente” piezas del patrimonio.

El Círculo Santa Lucía es una pieza del patrimonio cultural legalmente reconocido por la Ciudad. El jefe de Gobierno porteño no sólo no sanciona ni cobra las multas sino que acepta gestiones para sacarle la protección y dejar que lo demuelan. Y es explícitamente imposible que Cultura gane alguna vez el poder de policía que se pensó alguna vez para el patrimonio edificado. Esto es cuidar el negocio de la industria mimada sin quebrar la ley, ya que basta violarla de la manera más institucional posible.

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